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Ecuador y sus fallidos ajustes

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Miguel Ricaurte Economista Jefe de Itaú para la Región Andina

Ecuador, cuya economía está experimentando un ajuste económico importante, estuvo conmocionado por las protestas frente a un alza abrupta en los precios de los combustibles. La medida era el plan “B” de un gobierno que, buscando corregir desajustes fiscales acarreados durante la última década, se quedaba sin opciones. Cómo parte de un acuerdo firmado a comienzos del año con el FMI y otras multilaterales (a cambio de unos US$10.000 millones en ayuda), el gobierno se comprometió a tomar medidas correctivas, tanto normativas como económicas. En su afán de lograr consolidación fiscal, el ahorro que implicaba la eliminación de históricos subsidios a combustibles (de cerca de US$1.400 millones por año) parecía ser una opción ganadora. Pero la estrategia política no funcionó y la medida resultó en 11 días de protestas.

La urgencia por implementar las medidas vino del hecho de que el FMI, habiendo emitido un dictamen favorable en su segunda revisión de los avances acordados con el gobierno, condicionó su aprobación ante el directorio del ente al envío de un paquete de reformas estructurales al parlamento. Solo así se procedería a desembolsar el tercer tramo de ayuda, por unos US$250 millones (totalizando US$800 millones desembolsados en 2019). Si bien el plan “A” habría sido incrementar el IVA (actualmente en 12%), dicha medida no era bien vista por empresarios cercanos, lo que finalmente inclinó la balanza a favor del recorte de subsidios.

Una protesta social era previsible (pues a nadie le puede acomodar un alza de entre 30% y más de 100% en los precios de los combustibles), sin embargo, esta sorprendió por su virulencia. Con el tiempo han emergido indicios de que hubo grupos que quisieron aprovechar la situación para imponer su agenda, incluyendo llamados a la renuncia del actual presidente y al adelantamiento de elecciones.

No obstante, de lo anterior y a la luz de los hechos, se puede decir que el gobierno ecuatoriano fue poco efectivo en su argumentación a favor de la medida. Por ejemplo, no diseminó estudios que las propias autoridades habían encomendado a terceros, en los que se cuantificaba el impacto del alza de combustibles en el costo de vida de los hogares según nivel de ingreso. Estos antecedentes hubieran facilitado una discusión racional sobre la implementación de transferencias directas que permitieran mitigar el alza en costo de vida a los estratos económicos más bajos. Tampoco se habló sobre el efecto que la medida tendría sobre la inflación. Fueron privados quienes empujaron dicha discusión, unos de manera técnica y rigurosa, otros basándose en mitos y falacias sobre el origen de la inflación y la dolarización. Al final, el ruido no hizo más que aportar al ya tenso ambiente social.

Finalmente, frente al escalamiento de violencia, el gobierno optó por diálogo directo con los grupos indígenas, muchos de ellos campesinos y agricultores a quienes la eliminación de los subsidios afectaba de manera directa. Con poco espacio de acción, se optó por derogar el ahora infame Decreto 883, dando pie atrás con las alzas de los combustibles. Se perdió la oportunidad de corregir una distorsión que le costó al fisco unos US$44.000 millones entre 2005 y 2018.

Todavía está pendiente el compromiso con el FMI. Tras los eventos recientes, este parece más importante que nunca, pues con el riesgo soberano sobrepasando los 800 puntos en los últimos días, el acceso a los mercados para satisfacer necesidades de financiamiento será complejo.

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