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La caída de la Ley de Financiamiento y su reemplazo con una nueva Ley tributaria demorará unas semanas más la presentación de la esperada reforma pensional. Sin embargo, se empiezan a escuchar voces, preocupadas por la situación de orden público en Chile, que proponen que el gobierno posponga de manera más prolongada la presentación de dicho proyecto de Ley al Congreso. Sugieren que un proyecto que incluya cambios importantes, a “la chilena”, sobre todo en el régimen de prima media administrado por la estatal Colpensiones, podría ser el detonante de inconformismos.
Sin el ánimo de entrar en los detalles de la compleja situación de Chile, una de las razones que se ha mencionado para explicar el descontento de los manifestantes es su percepción, infundada, de que la desigualdad en el país austral viene en aumento. Incluso, si esto fuera cierto, la lección para Colombia apunta a que, si de inequidad se trata, el Gobierno debería presentar lo más pronto posible los cambios a nuestro sistema pensional y no darle largas.
¿Las razones? Colombia es uno de los pocos países en donde las transferencias pensionales empeoran la distribución del ingreso de la población, en lugar de mejorarlo. En otras palabras, nuestra sociedad es más desigual por culpa del sistema pensional. Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), más de 50% de los subsidios en pensiones van al 20% más rico de los colombianos.
A este problema de redistribución hay que sumarle otro conexo, igualmente inequitativo: la baja cobertura del sistema. Actualmente, menos de 25% de las personas mayores de 60 años tienen algún tipo de pensión, ubicando nuestra cobertura de vejez en una de las más bajas de América Latina.
La insostenibilidad fiscal del sistema actual es también un tema que genera desigualdad, en este caso, entre generaciones presentes y futuras. El régimen de prima media, en el cual las pensiones se financian con los aportes de los jóvenes trabajadores del momento, es inviable dadas las tendencias demográficas, lo que implica que los pensionados del mañana difícilmente tendrán las condiciones de los pensionados de hoy.
En este aspecto, la consolidación de un sistema único de capitalización con ahorro individual, en fondos con administradores tanto privados como públicos, mitigaría este problema.
Aunque el gobierno lo ha descartado por ahora, la verdadera sostenibilidad del régimen también debería pasar por una revisión de la edad de pensión, tal como lo sugirió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) la semana pasada en un completo estudio sobre la economía colombiana. Otros cambios paramétricos como el porcentaje de cotizaciones también deberían analizarse.
Está claro que reformas de esta envergadura requieren de decisión y de un esfuerzo enorme por parte del gobierno para comunicar de manera adecuada sus ventajas. También requieren voluntad política y rigor por parte del Congreso, para que lo que salga de allí favorezca el bien común en lugar de intereses particulares.
Dado lo anterior, una reforma que mejore la cobertura, que resuelva las distorsiones de los subsidios enfocando los programas sociales como Beps o Colombia Mayor, y que asegure la sostenibilidad del sistema para las generaciones futuras, sería la política pública más progresiva que podría implementar la actual administración.
El Gobierno deberá encontrar el mejor momento para su presentación y debate teniendo en cuenta otros elementos de economía política, pero no debe olvidar que la reforma es urgente y no da mucha más espera.
