Zapatero a tus zapatos

Las universidades no atraviesan su mejor momento. Como he advertido en otras oportunidades, enfrentan una transformación que amenaza incluso su supervivencia: cambios demográficos, nuevas preferencias de los jóvenes, programas cortos y flexibles, educación virtual, inteligencia artificial y un mercado laboral que cuestiona la pertinencia de los modelos tradicionales. Todo ello genera importantes desafíos en materia de acceso, permanencia y sostenibilidad financiera de la educación superior colombiana.

En semejante escenario resulta, cuando menos, desconcertante que la Procuraduría General de la Nación haya decidido emprender el camino para tener su propia universidad. Como lo ha informado el procurador general de la nación, el Instituto de Estudios del Ministerio Público (Iemp) se encuentra en proceso de transformación en universidad, una que estará al servicio de los funcionarios del Ministerio Público. El propósito declarado es ambicioso: que no exista un solo servidor de la entidad sin título profesional.

La intención puede parecer loable. El problema es otro: ¿le corresponde a la Procuraduría crear y sostener una universidad?

La Constitución de 1991 diseñó a la Procuraduría como órgano de control. Le atribuyó funciones esenciales relacionadas exclusivamente con la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Convertirse en prestador de servicio de educación superior no aparece de manera alguna dentro de ese diseño constitucional. Y aquí no estamos hablando de capacitación interna. Eso es completamente distinto y, además, ya lo hace el Iemp. El Instituto fue creado en 1995 y actualmente desarrolla programas de capacitación en áreas jurídicas, técnicas y de talento humano, además de investigaciones relacionadas con el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público. Esa actividad resulta perfectamente comprensible como instrumento para fortalecer a la entidad. Una cosa es capacitar funcionarios y producir conocimiento útil para el cumplimiento de las funciones misionales; otra muy distinta es convertirse en universidad.

Y es que es paradójico. Mientras las universidades colombianas deben competir por estudiantes, recursos y sostenibilidad, una entidad estatal decide convertirse también en universidad para cooptar para sí parte del mercado. Y lo hace pese a que el propio Iemp reconoce que durante años ha trabajado exitosamente mediante alianzas con universidades nacionales y organismos internacionales. Si esas alianzas han funcionado, ¿por qué reemplazar la cooperación con instituciones especializadas por la creación de una nueva?

La discusión adquiere mayor importancia cuando analizamos cuánto nos cuesta ya la Procuraduría. Para 2026, su presupuesto asciende a más de $2 billones. De ellos, el 68,52 %, se destinan a funcionamiento, mientras $661.498 millones corresponden a inversión. La propia entidad explica que estos últimos recursos están orientados al fortalecimiento de su infraestructura física y tecnológica y a la optimización de sus servicios operacionales.

Son cifras que obligan a hacernos preguntas incómodas: ¿Necesita una entidad que cuesta más de $2 billones anuales ampliar todavía más su aparato institucional para asumir una actividad que no constituye una de sus funciones misionales? ¿Cuánto costará realmente crear y sostener esa universidad? ¿Cuántos recursos adicionales exigirá en profesores, administración, tecnología, infraestructura y funcionamiento? ¿no será más eficiente utilizar esos recursos en los programas ofrecidos por las universidades públicas y privadas del país?

Además, el antecedente de la Fiscalía debería servir de advertencia. Su fallido proyecto universitario llegó a consumir importantes recursos públicos con un número mínimo de estudiantes. La Procuraduría debería explicar por qué esta vez el resultado será diferente y por qué vale la pena repetir el experimento.

El Estado debería preguntarse seriamente si la prioridad es crear nuevas universidades públicas dentro de organismos cuya misión constitucional es otra, o fortalecer un sistema universitario que ya existe y atraviesa enormes desafíos. El debate, entonces, no es contra la formación de los funcionarios públicos. Todo lo contrario. Debemos tener servidores cada vez mejor preparados. La pregunta es quién debe formarlos y a qué costo institucional y fiscal.

En épocas de abundancia, crear estructuras estatales ajenas a la misión principal de una entidad sería discutible. En momentos de estrechez fiscal y crisis universitaria resulta mucho más difícil de justificar.
La Procuraduría tiene una misión constitucional suficientemente importante, debería concentrarse en cumplirla.