Una justicia para el siglo XXI

Cada cierto tiempo se anuncia una nueva reforma judicial. Cambian los códigos, se ajustan procedimientos, se crean despachos, se otorgan facultades jurisdiccionales a entidades administrativas y se expiden decretos de descongestión.

Sin embargo, para millones de colombianos la experiencia sigue siendo la misma: procesos que duran años, expedientes difíciles de consultar, decisiones imposibles de ejecutar, trámites repetidos y una sensación de distancia entre la ciudadanía y la administración de justicia.

La mora judicial es uno de los principales problemas estructurales del Estado colombiano, uno que afecta los derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso.

Vivimos en un Estado que no ha sabido administrar la litigiosidad y la naturaleza conflictiva de su sociedad; uno en el que la congestión judicial no es un fenómeno coyuntural, sino un problema histórico asociado a limitaciones institucionales, tecnológicas y organizacionales.

Por eso resulta fundamental que, en la discusión del próximo Plan Nacional de Desarrollo, comience a abrirse paso una idea diferente: el verdadero problema de la justicia colombiana no es únicamente la falta de jueces o de recursos. También es la persistencia de un modelo de gestión diseñado para el siglo pasado.

Tal y como lo señala el experto Nicolás Lozada en el documento “Propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030”, presentado por la Universidad Externado de Colombia la semana pasada, aunque los avances alcanzados durante la pandemia permitieron virtualizar numerosos trámites, la realidad muestra que buena parte de la transformación ha sido apenas superficial.

Muchos procesos siguen reproduciendo en formato digital las mismas cargas burocráticas del expediente físico. De hecho, una proporción muy reducida de los procesos tiene hoy una gestión plenamente digital desde su origen, mientras subsisten decenas de plataformas y sistemas aislados que obligan a funcionarios y usuarios a repetir información y realizar registros manuales.

La discusión, entonces, no debe concentrarse únicamente en comprar más computadores o desarrollar nuevas aplicaciones. El desafío consiste en rediseñar el funcionamiento de nuestra justicia.

Por ejemplo, un ciudadano no debería tener que aportar documentos que ya reposan en otra entidad estatal. Un juez no debería perder tiempo en tareas rutinarias que podrían automatizarse.

Un abogado no debería enfrentarse a múltiples plataformas para consultar un mismo expediente. La tecnología ofrece una oportunidad extraordinaria para ello.

La interoperabilidad entre instituciones, el expediente digital integral, la analítica de datos y la inteligencia artificial pueden reducir tiempos de trámite, mejorar la gestión de los despachos y facilitar el acceso a la información y su transparencia.

Esa sofisticación tecnológica tiene la capacidad de resolver problemas concretos de nuestros ciudadanos. También es necesario reconocer que la brecha territorial sigue siendo un problema desatendido. Hay regiones donde las dificultades de conectividad, energía y acceso a servicios tecnológicos limitan gravemente la operación judicial.

Hablar de justicia digital en esas regiones exige combinar herramientas tecnológicas con mecanismos de acompañamiento presencial que eviten que la transformación termine profundizando las desigualdades existentes.

Otro aspecto fundamental es el talento humano. Ninguna modernización será exitosa si jueces, empleados y funcionarios no cuentan con la capacitación necesaria para aprovechar las herramientas digitales. La innovación no ocurre cuando se instala una plataforma; ocurre cuando las personas la utilizan adecuadamente y cambian su manera de trabajar.

Finalmente, el país debe abandonar la tentación de medir el éxito de la transformación judicial por el número de audiencias virtuales realizadas o por los millones de folios digitalizados. Lo que importa es algo mucho más sencillo: los conflictos deben resolverse más rápido, las decisiones deben ser más oportunas y los ciudadanos deben recuperar la confianza en las instituciones.

La mora judicial no se resolverá exclusivamente con tecnología. Pero difícilmente podrá resolverse sin ella. El próximo Plan Nacional de Desarrollo tiene la oportunidad de impulsar una transformación profunda en esta materia. No se trata de digitalizar el atraso.

Se trata de construir una justicia más cercana, eficiente y accesible, capaz de responder a las necesidades de una sociedad que ya entró al siglo XXI y espera que sus instituciones hagan lo mismo.