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Los procesos constituyentes no pueden tener un objeto distinto a la mejora de las normas y del marco jurídico existente, garantizar los derechos ciudadanos y la estabilidad institucional y política del país. Propósitos que no se observan en el discurso reformista que ha venido difundiendo el Gobierno nacional y su candidato para justificar la reforma a nuestra Constitución.
El proceso con el que quieren embaucar al país no tiene otro propósito que el de validar o satisfacer los intereses personales de un presidente frustrado por su negligencia y desidia. El líder de un gobierno que en cuatro años no logró pasar del discurso populista del otrora candidato. Como consecuencia de su incapacidad para rodearse de funcionarios dotados moral y profesionalmente de las cualidades necesarias para gestionar y garantizar las reformas sociales que tanto prometió, terminó entregando el poder a los corruptos y violentos. Un presidente que ahora pretende hacerle creer a un pueblo ignorante del marco jurídico existente y del funcionamiento del Estado que el problema está en la Constitución Política y en todo lo que ella representa.
Pero, más allá de las justificaciones que han ofrecido el actual mandatario, el gobierno y su candidato presidencial para modificar la norma superior, lo cierto es que los riesgos que apareja emprender una empresa de esas magnitudes, en momentos en que nuestra sociedad y clase política están sumidas en una crisis profunda -polarizadas, avasalladas por las redes sociales y sometidas al imperio de los influencers-, y plagadas de tendencias autoritarias y discursos engañosos, son infinitos. Acá solo algunos:
Primero. La génesis del proceso está en el resentimiento del presidente y su gobierno por la incapacidad propia para materializar las reformas “sociales”. Resentimiento que ha sido el fundamento de sus acciones y omisiones en estos cuatro años. Expresado inicialmente contra el sector privado, a quien acusa frecuentemente de su fracaso y de todos los males del país; posteriormente se lo achacó a nuestras instituciones (Congreso, Banco de la República, Cortes, entre otros), para finalmente adjudicárselo a la Carta Política. El mismo resentimiento que lo lleva a creer que el proceso constituyente debe hacerse a su medida, sin un consenso nacional como el logrado en nuestra Constitución del 91. Proceso que en su imaginario solo está concebido para validar sus anhelos y borrar sus frustraciones. Una reforma motivada por el resentimiento no puede salir bien.
Segundo. Un riesgo adicional está en nuestra clase política, aquella sumida en una crisis profunda, carente de liderazgos y valores. Una clase política en la que los estadistas de antaño ya no están presentes; una en la que el debate político está completamente alejado de lo técnico y, en general, de las problemáticas estructurales de nuestro país. Servida, mayoritariamente, a los intereses personales. Una clase política dominada ahora por influencers, individuos carentes de la capacidad intelectual o moral para discutir y acordar la modificación al instrumento jurídico más importante de la república. Basta revisar la lista de los congresistas que se posesionarán el próximo 20 de julio para afirmar que el fracaso está garantizado. Seguramente algunos sostendrán que para eso están los asesores, expertos que podrían guiar y liderar la discusión en el proceso constituyente. Una ilusión: no debemos olvidar que el repudio por la razón, el conocimiento y lo técnico se ha convertido en el deporte de nuestra “nueva” clase política.
Finalmente, no debemos olvidar los riesgos de que el proceso constituyente termine en manos de aquellos que consideran que la reforma es necesaria, pero para reducir o limitar los derechos ciudadanos. Aquellos que creen en las restricciones al libre mercado o quienes desprecian la libertad de expresión. Oportunistas que, en el río revuelto de la polarización que vivimos, intentarán pescar el retroceso de nuestros derechos.
Una reforma constitucional exige consenso, rigor y visión de largo plazo. Nada de ello parece presente en la coyuntura actual. Avanzar en esa dirección, en estas condiciones, sería -sin exageración- un salto al vacío.
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