Devolver la dignidad al Estado

La consigna del nuevo gobierno no puede ser otra que la de devolverle al Estado su decencia. Después de haber derrotado en las urnas a aquellos que nos impusieron años de desidia, ineficiencia y corrupción -y de soportar el nombramiento de funcionarios que carecían de la capacidad profesional y moral para liderar las instituciones-, es necesario que nuestras entidades vuelvan a ser vistas por los colombianos como instrumentos útiles para la protección de los derechos ciudadanos, destinadas exclusivamente a la materialización de los principios y finalidades establecidos en la Constitución Política.

Los colombianos necesitamos un Estado eficiente, que cuente únicamente con las entidades necesarias para garantizar el cumplimiento de sus fines; que adopte la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos y para la mejora de sus procesos; un Estado que entienda que ha sido concebido, única y exclusivamente, para servir. Un Estado con el número justo de funcionarios, preparados y eficientes. Uno en el que la meritocracia sea la regla absoluta; que reconozca la dignidad, la formación y la experiencia como pilares fundamentales del servicio público. Un Estado cuyo tamaño no sea consecuencia del clientelismo impuesto por la clase política del país.

Un Estado en el que la ciencia y el conocimiento sean el fundamento principal de las decisiones públicas y de su administración; que trabaje de la mano con la academia e impulse la investigación. Un Estado que reconozca la importancia de las universidades privadas para el desarrollo social y económico del país, y que fortalezca la universidad pública sin instrumentalizarla para fines ajenos a su misión. Un Estado que conciba la educación como el verdadero motor del desarrollo nacional, no como una consigna retórica, sino como una política pública sostenida en el tiempo.

Un Estado que no se constituya en una carga adicional para los miles de empresarios que, día a día, trabajan por el futuro del país. Un Estado en el que la intervención en la economía sea la excepción y no la regla; que entienda el rol del país y de sus empresarios en el comercio internacional y que permita potenciar sus fortalezas, al tiempo que enfrenta sus debilidades. Un Estado que provea la infraestructura necesaria para crecer y ser competitivos; que no actúe con visión cortoplacista, sino que planifique y ejecute con perspectiva de largo plazo.

Requerimos un Estado que entienda que las necesidades sociales y económicas de los colombianos son mucho más que un discurso para llegar al poder. Un Estado que garantice el funcionamiento adecuado del sistema de salud, que ejerza autoridad y que provea la seguridad indispensable para la convivencia armónica entre los ciudadanos.

Pero, sobre todo, requerimos un Estado que recupere el sentido de lo público. Un Estado -y unos funcionarios- transparentes, que respondan ante sus ciudadanos y contribuyentes por sus faltas y por su ineficiencia; con una justicia pronta y oportuna, que sea ejemplo de decencia y eficacia. Uno que comprenda que la legitimidad no se impone, sino que se construye a partir del ejemplo, la coherencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder. La dignidad del Estado -y la de sus funcionarios- no es un valor decorativo: es la base de la confianza ciudadana.

Es fundamental que el nuevo gobierno entienda que el restablecimiento de esa confianza en nuestras instituciones es condición indispensable para el futuro de la República. Necesitamos un gobierno que asuma que su éxito, en estas materias, será decisivo no solo para su propia legitimidad, sino también para desvirtuar a quienes promueven visiones en las que el Estado se erige como la única fuente de riqueza y el eje absoluto de la vida social.