De salvajes e ineptos

Tuve la mala fortuna de asistir al partido Santa Fe-América, disputado en Bogotá la semana pasada. Fue un espectáculo en el que convergen muchos de los problemas de un país que expresa su espíritu violento ante la mirada ciega de unas autoridades negligentes, incapaces de controlar a un clan de hienas cuyo único propósito es sembrar el caos y el desorden. ¡Todo mal!

Los violentos. Aunque merecen poca atención, debemos decir que los problemas comienzan con un grupo de maleantes que han encontrado en el fútbol el escenario ideal para expresar sus miedos y frustraciones. No podemos llamarlos hinchas. Unos individuos que llegan al estadio consumidos por el alcohol y las drogas, armados con cuchillos y machetes, no pueden ser considerados seguidores de un equipo ni amantes de este deporte. Asisten a todo, menos a disfrutar del espectáculo que intentan ofrecer los equipos. Y no se trata únicamente de los integrantes de las mal llamadas “barras bravas”; también están quienes, desde los palcos y otras graderías alejadas de aquellas, lanzan agravios racistas contra jugadores e hinchas rivales, conductas que en cualquier país civilizado darían lugar a sanciones, incluso de carácter penal. En conjunto, son desadaptados que terminaron por negarles a los verdaderos aficionados la posibilidad de disfrutar del espectáculo.

Los ineptos. Sin embargo, la mayor gravedad del asunto radica en la conducta de unas autoridades, públicas y privadas, que han tolerado, cuando no patrocinado, la violencia en nuestros estadios. Primero están los particulares: los equipos de fútbol y una federación que esperan que otros solucionen los problemas propios de un espectáculo cuyo control y réditos económicos les pertenecen. Debemos recordar que el fútbol profesional es un negocio privado. Por ello, no resulta razonable que el Estado deba asumir, de manera permanente e ilimitada, los costos humanos y financieros de garantizar la operación de ese negocio.

Entonces, si son los particulares quienes obtienen los réditos económicos, es a ellos a quienes corresponde garantizar las condiciones de seguridad en los escenarios destinados a su actividad. La realidad, sin embargo, es otra: cuando ocurren desmanes, son siempre las autoridades locales las que terminan controlando la situación y dando explicaciones al público. Los servicios logísticos contratados por los equipos son precarios: permiten el ingreso de alcohol y armas, y resultan incapaces de controlar a los vándalos que irrumpen en el campo de juego. En el partido mencionado, por ejemplo, los violentos saltaron las barreras y recorrieron de sur a norte todo el terreno ante la mirada atónita de los operadores logísticos encargados de la seguridad del estadio.

Pero la responsabilidad también recae sobre las autoridades locales. Han sido complacientes y parecieran esperar a que ocurra una tragedia para poner en cintura a los violentos y a los equipos. Si estos últimos siguen siendo incapaces de solucionar el problema, corresponde a las autoridades locales, como debieron hacerlo desde hace años, abstenerse de autorizar el uso de sus escenarios e infraestructuras para tales propósitos. La historia del fútbol británico, por ejemplo, nos demuestra que la negligencia, la improvisación y la normalización del riesgo pueden desembocar en tragedias irreparables. La avalancha humana de Hillsborough, en 1989, dejó 97 muertos y obligó a revisar de raíz la infraestructura, el control de multitudes y la responsabilidad institucional. Incluso Heysel, ocurrido en Bruselas en 1985 y vinculado a la violencia de aficionados ingleses, mostró el costo de tolerar durante años el desorden.

Es indispensable revaluar la forma como se viene desarrollando el fútbol en Colombia. No podemos esperar una catástrofe para actuar. La seguridad debe dejar de ser una reacción episódica y convertirse en una obligación permanente, verificable y exigible para hinchas, clubes y autoridades.