Academia, poder y silencio

La academia y la universidad son el eje fundamental del desarrollo social, político y económico de las naciones. No solo por su papel en la creación y difusión del conocimiento -y, con ello, en la generación de bienestar-, sino también por su capacidad para incidir positivamente en la formación y divulgación de los principios y valores que sostienen una sociedad ordenada y próspera. Valores que, dicho sea de paso, parecen cada vez más escasos en nuestro país.

En ese contexto, no resultan extraños los ataques del Gobierno nacional contra las universidades. A unas, las públicas, con el propósito de controlarlas y convertirlas en la base “intelectual” de sus políticas, como ya ha ocurrido en la Universidad Nacional o, más recientemente, en la Universidad del Cesar. A las otras, las privadas, se pretende deteriorarlas o incluso extinguirlas -con excepción de aquellas que expiden títulos exprés a funcionarios afines- mediante cargas impositivas o recortes a los programas de financiación educativa que permitían a miles de jóvenes acceder a ellas.

En un gobierno autoritario como el que padecemos, la ciencia, la evidencia y el conocimiento no son concebidos como fundamento -ni siquiera accesorio- de las decisiones públicas ni de la administración del Estado. Esto se refleja en el rechazo sistemático a las determinaciones adoptadas por órganos técnicos cuyo control aún no ha caído en manos del régimen.

Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, no es la hostilidad del poder, sino la pasividad -cuando no el silencio cómplice- de un sector muy importante de la academia, quizá la mayoría, frente a los ataques de este gobierno a las universidades, los centros de pensamiento, las cortes y los organismos técnicos del país. La complicidad, por acción u omisión, de un número significativo de supuestos “académicos” frente a las intransigencias del poder resulta inaceptable.

En su afán por congraciarse con el gobierno y obtener los beneficios que la cercanía al poder suele generar, no dudan en justificar sus acciones u omisiones, e incluso las respaldan con su firma en cartas de “apoyo” carentes de sustento técnico y que parecen redactadas por el propio presidente. Muchos de ellos, inclusive, olvidaron la importancia de nuestra Constitución para apoyar la absurda constituyente del actual gobierno. Aplauden sin reparo -como focas amaestradas- y algunos llegan incluso a exigir a sus universidades guardar silencio frente a la corrupción, la violencia, la desidia gubernamental o los ataques institucionales. Al parecer, la venta de principios y valores al régimen resulta más rentable, aunque sea de manera transitoria, que su defensa.

Aún más inquietante es el silencio de varias de nuestras universidades frente a la profunda crisis social y política que atraviesa el país. En un contexto como el actual, no es admisible que las universidades reserven la enseñanza y la difusión del conocimiento y los valores únicamente para quienes transitan por sus aulas. Las universidades deben ser voceras públicas de la razón y de la moral; deben ser beligerantes cuando son objeto de ataques del Ejecutivo y firmes frente a la corrupción y los abusos de poder, como lo fueron algunas durante los tiempos de la Regeneración.

Su silencio, su pasividad -y la de mucho0s de sus académicos- las convierte en cómplices del deterioro social y moral de la nación, y del suyo propio. A través de la mudez y la inacción han dejado al país, y la defensa de sus instituciones, en manos de una clase política pobre en valores, carente de visión y coautora del desastre. Pero no solo eso: también han permitido que las acciones de este gobierno terminen por debilitarlas, reducirlas y, en algunos casos, casi hacerlas desaparecer.

Ojalá la academia y nuestras universidades despierten del letargo en el que se encuentran. Ojalá asuman, sin ambigüedades, su papel como voceras de la razón y de los valores que tanto necesitamos en tiempos de crisis. Su respaldo al orden social, jurídico y económico es esencial para la continuidad de la República y, en última instancia, para la preservación de las propias universidades.