Una reforma laboral que excluye a la mayoría

La reforma laboral aprobada no ayuda a disminuir la informalidad ni a generar empleo formal. El ministro de Trabajo asegura que la reforma permitirá crear más de 900.000 empleos formales y reducir la informalidad por debajo de 50%, formalizando a trabajadores de plataformas digitales, madres comunitarias y manipuladoras de alimentos. Sin embargo, centros como Fedesarrollo, Anif y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierten lo contrario: que al aumentar significativamente los costos laborales, la reforma puede destruir entre 140.000 y 390.000 empleos y aumentar la informalidad. Anif y El País coinciden en que es una reforma que fortalece los derechos de quienes ya tienen empleo formal, pero excluye a los desempleados, los informales (que son más de 57%) y a las microempresas.

Aunque la reforma dedica un capítulo completo a la formalización laboral, lo hace desde una mirada fragmentada. Es cierto que se incluyen medidas para sectores como los trabajadores rurales, las plataformas digitales, el servicio doméstico, los migrantes, los deportistas y los artistas. Pero no hay una estrategia integral para reducir la informalidad que afecta a casi seis de cada diez trabajadores colombianos. El problema estructural sigue ahí. En lugar de entender las múltiples realidades del mercado laboral y adaptar la legislación a ellas, la reforma opta por intervenir parcialmente algunos nichos, sin atender los desafíos generales del empleo informal.

Por otra parte, varios de los cambios introducidos, lejos de estimular la contratación, la encarecen. El contrato a término indefinido se convierte en la regla general, limitando otras formas de contratación que daban flexibilidad a las empresas. La jornada nocturna se amplía desde las 7:00 p.m., y el recargo por trabajo en domingos y festivos aumentará hasta 100%. También se endurecen las obligaciones del empleador. Y en el caso del contrato de aprendizaje, al reconocerse como una relación laboral con monetización de 1,5 salarios mínimos, se encarecen los costos para las empresas, desincentivando la inserción laboral juvenil justo cuando enfrentamos un desempleo juvenil alarmante.

No está mal buscar proteger a los trabajadores formales. Pero también hay que proteger a los trabajadores informales, a los desempleados, para que consigan un trabajo, y a las empresas, para que puedan contratar. Por eso propongo tres políticas. Primero, una formación para el trabajo con enfoque regional, que ofrezca oportunidades reales y pertinentes según el aparato productivo de cada territorio. Segundo, una legislación más flexible que permita cotizar por días o por horas, reconociendo la diversidad del trabajo en Colombia y reduciendo así la exclusión del sistema. Y tercero, un seguro de desempleo que proteja a las personas cuando pierden su empleo sin poner en riesgo a las empresas. Esta última medida protege al trabajador en uno de sus momentos más difíciles, pero también cuida a las empresas que enfrentan crisis. Porque el mercado laboral no puede ser trabajadores contra empleadores. Debe ser una alianza entre trabajadores, empresarios y gobierno. Esta reforma, lamentablemente, no lo entiende así.