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El Gobierno ha insistido en que el salario mínimo debería acercarse a $3 millones. Suena atractivo: ¿quién podría oponerse a que los trabajadores ganen más? Pero detrás de esa idea hay un problema profundo: la negociación se concentra en los trabajadores formales, que pueden ser considerados votantes organizados, pero deja por fuera a quienes están desempleados o en la informalidad.
El debate del salario mínimo es distributivo. Cuando el aumento supera la inflación y la productividad, los formales reciben un ingreso mayor, pero se elevan los costos de contratación. Para quienes buscan empleo, esto puede traducirse en menos vacantes. Y para los informales, que representan más de la mitad de los ocupados, un salario mínimo más alto puede convertirse en una barrera adicional para ingresar a la formalidad.
Para esta decisión Colombia tiene una institucionalidad incompleta. La Comisión de Concertación incluye al Gobierno, los empleadores y las centrales obreras; es decir, representa solo a quienes ya están dentro del mercado formal. No están los informales ni los desempleados, aunque son ellos quienes más dependen de que haya empleo disponible. Sus intereses no están reflejados en la negociación, a menos de que el gobierno los represente.
Pero, incluso más grave, está la baja productividad laboral. Un trabajador colombiano produce apenas un tercio de lo que produce uno europeo. Y aunque algunas reformas tributarias redujeron ciertos sobrecostos laborales, el país todavía financia parte del Sena con cargas sobre la nómina. Además, la reciente reforma laboral convirtió el contrato de aprendizaje en un contrato laboral con mayores costos, sin que haya avances reales en la pertinencia de la formación. Esto aumenta los costos sin generar más productividad.
La pregunta central no es cuánto debe subir el salario mínimo, sino qué está haciendo Colombia para que las empresas puedan pagar mejores salarios sin destruir empleo. El país vive una paradoja: alto desempleo, pero muchas empresas dicen no encontrar el talento que necesitan. No faltan personas buscando trabajo; faltan competencias adecuadas. La brecha entre la formación y las necesidades reales de la economía es un obstáculo estructural. Por eso, el papel del Estado no puede limitarse a mediar entre sindicatos y empleadores. Su responsabilidad es mucho mayor: construir un sistema de formación para el trabajo que conecte a las personas con las vacantes reales. Fortalecer al Sena, actualizar sus programas con competencias pertinentes y modernizar el Servicio Público de Empleo.
Mientras este problema no se resuelva, el país repetirá el mismo debate cada diciembre. En el corto plazo, se necesita un aumento del salario mínimo coherente con la inflación y la productividad. En el mediano plazo, la verdadera solución está en formar a los trabajadores para los empleos que existen y para los que vienen. Solo así el país podrá avanzar hacia dos beneficios esenciales: uno social, con más oportunidades y más empleo formal e inclusive mejor salario, y uno económico, con más productividad y crecimiento sostenible, ayudando también a las empresas.
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