Incertidumbre pensional

Una trabajadora que gana dos salarios mínimos no sabe hoy a dónde irán sus aportes en abril del próximo año. Tampoco sabe si podrá escoger entre Colpensiones y un fondo privado, ni con qué reglas se pensionará. La reforma pensional se aprobó hace más de dos años, pero tres frentes abiertos la mantienen en la incertidumbre: su constitucionalidad, la fecha en que empezará a regir y la posibilidad de que una contrarreforma la cambie antes de aplicarse. La ciudadana no sabe si la reforma pensional es exequible, cuándo empieza a operar ni cuál es su contenido.

El primero avanzó esta semana. La Cámara de Representantes terminó, sin modificar el texto, el trámite de los 10 artículos que le devolvió la Corte Constitucional, de modo que no requiere conciliación con el Senado. Es un paso importante, pero la última palabra la tiene la Corte, que debe verificar que el vicio quedó subsanado.

El segundo frente es la fecha. Colpensiones pidió aplazar la entrada en vigencia hasta abril de 2028. El Ministerio de Hacienda solicitó un incidente de impacto fiscal, porque implementar la reforma en 2027 exigiría recursos que no están en el presupuesto. Y el Banco de la República advirtió que aún faltan el régimen de inversiones del Fondo de Ahorro y la reglamentación de su desacumulación.

Estoy de acuerdo con la solicitud de Colpensiones. La entidad debe prepararse para recibir los aportes de unos siete millones de trabajadores adicionales, unificar historias laborales y adecuar su tecnología. En 2012 vivimos lo contrario: Colpensiones abrió sin saber cuántas solicitudes y tutelas había represado el Instituto de Seguros Sociales y, por tanto, sin conocer la capacidad que necesitaba para atenderlas. Ese rezago desconocido la desbordó, la Corte declaró un Estado de Cosas Inconstitucional y superarlo tomó hasta 2015, en medio de la desconfianza de los ciudadanos. Aplazar para prepararse no es revertir la reforma; es la condición para que funcione.

El tercer frente es la contrarreforma que radicó el Centro Democrático. Propone, además de otros cambios, que quienes coticen de uno a 2,3 salarios mínimos puedan escoger entre Colpensiones y los fondos privados. Su contenido merece una discusión aparte, porque, entre otras cosas, reabre la competencia de regímenes que la reforma eliminó. Pero hay una pregunta previa: si este es el momento. El gobierno tiene una agenda cargada. Debe enfrentar la crisis de la salud y la de la seguridad, y en el Congreso le esperan dos tareas de fondo: la ley de ajuste fiscal que ya anunció, urgente para recuperar la solidez de las finanzas públicas, y el Plan Nacional de Desarrollo, la carta de navegación de los próximos cuatro años, que deberá radicar a comienzos del próximo año. Una contrarreforma pensional le exigiría invertir capital político y tiempo en el Congreso, y desgastarse en un debate que el país acaba de dar.

Mientras tanto, el costo lo paga el ciudadano. Las reglas de una pensión se definen para décadas, y la confianza en el sistema depende de que estas sean estables. La reforma tiene defectos que habrá que corregir. Pero lo que hoy necesitan los colombianos es certeza: saber si la ley rige, desde cuándo y con qué reglas.