Zuleta, presa del escándalo “Itagüí”

Parrandas, licor, marranadas, tarde de hamburguesas y prepagos, suites de lujo. ¡Qué vergüenza!

Es hora de admitirlo: el Estado colombiano perdió el control de la cárcel de Itagüí, o más bien, lo entregó. Hoy, quienes deberían estar pagando sus delitos y sometidos a la justicia son los que mandan, deciden, ordenan y celebran. Allá los delincuentes no purgan penas, humillan al Estado en su club privado del delito.

Lo más grave es que lo permite el poder. Porque esos capos, que son los herederos y la versión 2026 del Cartel de Medellín, no solo viven como reyes sino que son interlocutores del Gobierno, se sientan en mesas de diálogo, se paran en tarimas con el presidente, reciben beneficios jurídicos y hasta les levantan órdenes de captura.

Y en cada capítulo -las fiestas, los lujos, los privilegios, los beneficios jurídicos o el “tarimazo”- aparece perturbador el mismo nombre: Isabel Zuleta, y no como algo anecdótico, sino como la mujer que pavimenta la anuencia y permisividad del gobierno en algo que raya con lo delictivo. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago denunció constreñimiento y amenazas de Zuleta para interferir en operativos, traslado de presos y saboteo de allanamientos.

No. No estamos frente a una congresista promoviendo la paz. Estamos ante una funcionaria debilitando deliberadamente la capacidad institucional para controlar el crimen.

Y por eso las preguntas son urgentes: ¿hasta dónde ha llegado esa intervención? ¿A quién estaba beneficiando realmente? ¿En nombre de qué o para qué frenaba operativos en cárceles?

Insisto, no era por la paz. La verdad es que las negociaciones con esas estructuras ni siquiera tienen futuro, no solo por la ausencia de gestos, sino porque tampoco hay marco jurídico o ley que las sustente. No hay reglas claras, solo improvisación peligrosa y una coincidencia imposible de ignorar: las elecciones, que están a la vuelta de la esquina.

Entonces seamos más directos: ¿esto es un proceso de paz o una estrategia de poder?

Porque las consecuencias son graves: capos fortalecidos, empoderados, legitimados, que mandan y operan nada más y nada menos que en plena época electoral.

Aunque se intente construir un relato de reconciliación, lo que se está consolidando es otra cosa: estructuras listas para incidir en los territorios, bandas organizadas con capacidad de presión, control social, intimidando, amenazando y metiendo sus manos a las urnas.

Aquí es donde Itagüí coincide mucho con el llamado “pacto de la picota”. Ese episodio, que marcó la campaña en 2022, giraba alrededor de acercamientos con criminales en las cárceles en medio de la campaña. La institucionalización de un modelo donde el crimen negocia, presiona y se fortalece desde adentro, mientras el Estado cede, retrocede y guarda silencio.

Y, yéndonos más lejos, algo así también lo vivimos en La Catedral: el monumento a la burla que construyó Pablo Escobar para seguir delinquiendo desde “la cárcel”. La diferencia es que hoy no estamos ante un engaño al Estado. Es una autoridad consciente que valida y justifica.

No podemos aceptar que el crimen dicte las reglas mientras el Estado mira para otro lado. No podemos cruzar esa línea, porque devolvernos nos costará años, vidas, estabilidad, elecciones y quizá, la mismísima democracia.