El poder y la decencia

Y sí, acá voy a ir contra la corriente: la vida privada de un presidente sí importa. La rectitud no puede ser una exigencia para los demás y una concesión para quien gobierna. Lo que pasa de puertas para adentro, es el síntoma más puro de la ética que se ejerce de puertas para afuera. Les hablo del expresidente Petro, no podemos despachar su vida privada como un asunto que no nos concierne. A mi sí me importa lo ético, lo moral y más cuando fácilmente eso se desliza a lo ilegal.

Las denuncias de Deicy Jiménez y las declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta red de mujeres que habría operado alrededor de Gustavo Petro son demasiado graves para reducirlas a un episodio más de la confrontación política.

Claro, quien ejerce la máxima autoridad del Estado no deja de ser una persona, pero tampoco puede desprenderse de la responsabilidad ética que implica su investidura. No se trata de fiscalizar sus afectos ni de juzgar sus relaciones consentidas, sino de entender que la Presidencia exige unas calidades legales, éticas y humanas, especialmente cuando las denuncias apuntan a posibles abusos de poder.

La historia tiene otro elemento que me resulta doloroso: la posibilidad de que otra una haya sentido que su cuerpo, su intimidad o su cercanía con un hombre poderoso podían convertirse en el camino para conseguir un contrato, un lugar o una oportunidad.

Por eso me cuesta tanto entender los silencios que rodean estas denuncias. Durante años hemos defendido, con toda razón, que a las mujeres se les debe creer, que hay que romper los círculos de silencio, que el miedo y las relaciones de poder han impedido que muchas víctimas hablen. ¿Por qué ahora tendría que ser distinto? ¿Porque el señalado fue el presidente de la República? ¿Porque pertenece a un sector político que convirtió la reivindicación de los derechos de las mujeres en una de sus banderas?

Reclamo particularmente las voces de las mujeres de la izquierda. Reclamo su vehemencia, esa misma con la que han señalado abusos, cuestionado privilegios y exigido justicia. No les estoy pidiendo que condenen a Gustavo Petro sin pruebas. Les estoy pidiendo que no se callen, que no relativicen, que no busquen explicaciones para lo que en otras circunstancias habrían denunciado sin titubeos.

También hay una responsabilidad institucional que no puede perderse de vista. Si se utilizaron contratos públicos para satisfacer intereses personales, estaríamos frente a algo mucho más grave que una conducta privada reprochable. Estaríamos hablando de la posible instrumentalización del Estado, de recursos que pertenecen a todos los colombianos y de un abuso de la posición que confiere el poder.

La justicia tendrá que establecer qué ocurrió, si existió esa red, quiénes participaron y qué responsabilidades se derivan de los hechos. Pero las mujeres que denuncian también tienen derecho a que sus testimonios no sean descalificados por la dimensión política del señalado.

Al final, esto no debería ser una disputa entre petristas y antipetristas. Es una discusión sobre el tipo de personas a las que les entregamos el poder y sobre las calidades éticas que debemos exigirles.

Quien llega a la Presidencia no solo debe demostrar que tiene las condiciones legales para gobernar. También debe estar a la altura humana y ética de la responsabilidad que recibe, debe tener la dignidad para esa dignidad.