Consulta, ¿democracia o capricho?

Hoy que las cuentas en el Congreso resultan estrechas para aprobar la Consulta Popular, yo quiero traer otras cuentas, también apretadas. $700.000 millones. Esa es la cifra que podría costarle al país ir a las urnas para decidir una reforma laboral. No es una cifra menor cuando se propone en medio de un déficit fiscal que está desbaratando el acceso a salud, educación o vivienda de millones de colombianos.

Los hechos son claros. En el Icetex alrededor de 30.000 estudiantes podrían quedar sin acceso a financiación. La educación superior pública también enfrenta dificultades presupuestales. El programa “Mi Casa Ya”, diseñado para permitir el acceso a vivienda propia a hogares de bajos ingresos, suspendió nuevas postulaciones porque el Estado no tiene con qué responder a la demanda. En salud, la situación es crítica: hay EPS que no reciben pagos, hospitales desfinanciados y escasez de medicamentos.

Con esto sobre la mesa, la Consulta se presenta como una disonancia difícil de justificar ¿Puede un país que recorta presupuestos para salud, educación, vivienda e infraestructura aventurarse en este millonario mecanismo? ¿Qué se prioriza cuando se escoge invertir en una herramienta política, en vez de sostener programas sociales?

El argumento de que se trata de un “ejercicio democrático” es muy débil cuando se observa que la consulta solo busca consolidar una agenda política. No todo ejercicio participativo es útil por el solo hecho de convocarse. Cuando los recursos son escasos, la eficiencia de los gastos son parte de la responsabilidad democrática. Este no es un debate entre participación y austeridad, sino entre pertinencia y conveniencia. En una sociedad que enfrenta múltiples déficits sociales, institucionales y económicos, las prioridades deben estar alineadas con las urgencias ciudadanas y no con los intereses políticos.

Promover una consulta de este tipo en las condiciones actuales no fortalece la democracia, la desgasta. No canaliza el malestar social, lo instrumentaliza. No construye consensos, profundiza la polarización. Una verdadera agenda de “cambio” se mide en soluciones concretas y no en ejercicios retóricos.

En lugar de fortalecer la democracia, esta consulta debilita su legitimidad. Porque utiliza necesidades ciudadanas para fines electorales. Porque desvía recursos públicos en momentos de urgencias sociales. Porque instrumentaliza la participación para apuntalar caprichos personales

Y por demás todos saben que las probabilidades de que la Consulta alcance el umbral son muy bajas… así que en realidad, el objetivo no es ganarla sino usarla. Convertirla en un vehículo de campaña anticipada, una estrategia política con financiación estatal, una forma de estigmatizar el debate público y de dividir, aún más, este país. Es una campaña encubierta bajo el disfraz de la participación.

Son $700.000 millones que no cambiarán una ley, no modificarán una política pública, no resolverán un solo problema estructural. Pero sí servirán para multiplicar mensajes, ocupar titulares, movilizar estructuras y reacomodar fuerzas. La verdadera pregunta, no es si la consulta es legal, es si es conveniente. Y más aún: si es justa con un país que no tiene plata para sus jóvenes, sus ancianos y sus enfermos.