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Colombia cerró 2024 con un hito que parecía lejano hace una década: la inclusión financiera, medida como tenencia de al menos un producto de depósito o crédito, alcanzó el 96,3% de la población adulta (1,7 puntos porcentuales más que en 2023), de acuerdo a cifras de la Superintendencia Financiera.
Ese avance confirma que el país logró masificar el acceso; pero también deja claro que el desafío ya no es solo “tener un producto”, sino usarlo, acceder al crédito en condiciones justas y cerrar brechas territoriales y de género. Mientras que el país avanza en productos como cuentas de ahorro y depósitos de bajo monto, la brecha persiste en el uso, especialmente en regiones históricamente excluidas como el Caribe y la Pacifico.
La desigualdad territorial sigue siendo muy profunda en zonas rurales, donde el acceso a productos financieros es de 65,6% (mientras que en las urbanas es “universal”), y el uso en ruralidad apenas llega a 53,4%, frente a 89,3% en zonas urbanas. (Superfinanciera, 2024)
La banca cumple un rol importante y debería escalar el crédito productivo para incentivar el crecimiento en regiones excluidas, pero es natural que su prioridad se oriente hacia otros segmentos. En cambio, el sistema cooperativo financiero —por su vocación social y territorial— está llamado a liderar el crédito productivo para pequeños productores y campesinos. Cabe destacar que el sistema financiero cooperativo cierra 2025 con un aumento significativo en la colocación de crédito productivo, destacando que la tarea no es colocar por colocar, sino una meta mucho más ambiciosa para reducir brechas.
El crédito productivo es, en la práctica, la puerta para que una familia campesina compre insumos, para que un emprendimiento invierta en maquinaria, para que una unidad productiva formalice empleo. Si el crédito no se expande hacia lo productivo, la inclusión se queda en un indicador de acceso, pero no transforma ingresos ni condiciones de vida. El cooperativismo financiero, por su naturaleza, debe ser el puente entre la economía popular y la financiación formal.
En este escenario, la economía solidaria tiene una ventaja comparativa: capilaridad territorial, cercanía comunitaria y capacidad de construir confianza donde el sistema tradicional llega tarde o llega caro.
Por eso, en 2025, desde la Superintendencia de la Economía Solidaria se ha puesto el foco en ampliar y robustecer la oferta cooperativa con estándares de solvencia, control y protección al ahorro. En el marco de esta apuesta, durante 2025 se ha destacado la autorización para la entrada de tres nuevas Cooperativas de Ahorro y Crédito, un mensaje potente en un país donde el acceso está alto, pero el crédito y el uso siguen siendo desiguales.
Entre esas autorizaciones, sobresale un hito territorial: el Cauca recibió su primera Cooperativa de Ahorro y Crédito, un paso que abre una puerta concreta para que más familias, pequeños productores y emprendimientos encuentren una alternativa financiera cercana y solidaria.
Colombia puede celebrar que la inclusión financiera ya roza la universalidad en tenencia, pero el país aún necesita convertir ese acceso en crédito productivo, servicios pertinentes y cierre de brechas rurales, regionales y de género. En esa transición, fortalecer el sistema cooperativo financiero —y habilitar nuevas cooperativas con vigilancia y reglas claras— no es un hecho administrativo menor: es política pública territorial para democratizar el ahorro y el crédito donde más se necesita.
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