El Fondo Nacional del Café y las cooperativas: defender la garantía de compra y democratizar sus beneficios

Para entender el debate sobre el Fondo Nacional del Café, hay que distinguir entre el Fondo Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros, que lo administra. Esta administración tiene un origen histórico. El antecedente está en la Ley 76 de 1927, que creó un gravamen sobre el café exportado y condicionó su recaudo a que el Gobierno celebrara un contrato con la Federación para prestar servicios en favor de la industria cafetera. Esa ley también dispuso que el contrato fuera por diez años, prorrogable por periodos iguales.

Según la propia Federación, el Fondo Nacional del Café se creó el 22 de noviembre de 1940 y su manejo por la Federación se formalizó mediante contrato con el Gobierno en diciembre de ese mismo año. Es decir: primero nació la parafiscalidad cafetera y la delegación contractual a la Federación, en 1927-1928; después nació formalmente el Fondo como cuenta especial, en 1940.

La finalidad histórica del Fondo ha sido proteger y fortalecer la caficultura colombiana, especialmente mediante instrumentos como la garantía de compra, la comercialización, la estabilización del ingreso cafetero, la promoción del café colombiano, la asistencia técnica y otros bienes y servicios colectivos para los caficultores. La Ley 9 de 1991 estableció la contribución con destino al Fondo con el propósito de sostener el ingreso cafetero.

Dicho esto, la Federación Nacional de Cafeteros ha mantenido una administración histórica del Fondo, dirigida especialmente a garantizar la compra de café a los pequeños caficultores. No se discute la infraestructura ni la capacidad institucional que ha construido la Federación Nacional de Cafeteros a lo largo de las décadas; lo que sí podemos evaluar son los desafíos que tenemos por delante, que sugieren el estudio de los instrumentos y programas del Fondo para corregir errores, de no haber sido efectivos, equitativos o suficientes para el caficultor colombiano.

En este ecosistema cafetero cumplen un papel muy importante las cooperativas: 33 cooperativas cafeteras que, a lo largo de las décadas, han sido el vehículo para la garantía de compra, la regulación de precios en las regiones y la articulación de los pequeños caficultores en diferentes regiones del país. Las cooperativas han enfrentado diversas crisis, todas relacionadas con dificultades de índole económica, operativa y comercial. La ausencia de un fortalecimiento efectivo del sistema cooperativo llevó a la crisis de los futuros, que terminó con la entrada en liquidación de la Cooperativa de Caficultores de los Andes -Cooperandes-, que este gobierno rescató en un ejercicio de conciliación y articulación ejemplar entre el sector bancario, la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional.

De acuerdo con datos de la Supersolidaria, los productores de café en el sector solidario representan aproximadamente 30,3% del total a nivel nacional, lo que equivale a alrededor de 164.800 caficultores. El 44,62% de los productores tienen ingresos mayores a cero y hasta un Smlv, seguido de una proporción de 37,4% que reporta no tener ingresos mensuales. Esto sugiere una proporción considerable de productores que enfrentan desafíos económicos.

Además, 70,83% de los productores son mayores de 50 años, de los cuales el 45,12% tienen edades desde los 60 años en adelante. Estos datos indican una alta proporción de personas en edades avanzadas, lo que podría tener implicaciones en términos de relevo generacional y de la sostenibilidad a largo plazo de la industria cafetera. Y el 49,05% de los productores tienen solo educación primaria, seguido por 28,55% con bachillerato y 16,9% que no cuentan con ningún nivel de escolaridad.

Entonces, la garantía de compra debe defenderse. Ha sido un instrumento fundamental para darle estabilidad al pequeño productor. Pero esa garantía no existe en abstracto. Se hace posible en los municipios, en los puntos de compra, en las veredas y, especialmente, con las cooperativas cafeteras que reciben el café y le responden al pequeño productor, además de ofrecer beneficios sociales como educación y otros.

La información recogida por la Supersolidaria en el diálogo con el sector solidario cafetero muestra innumerables desafíos y un sector debilitado. Las cooperativas reconocen la importancia de la garantía de compra y de la institucionalidad cafetera, pero también han señalado barreras concretas para acceder a programas de apoyo, recursos de comercialización, instrumentos de financiación y mecanismos de gestión del riesgo. En la práctica, muchas cooperativas han terminado siendo el brazo operativo de la garantía de compra, intermediarias, pero no necesariamente las principales beneficiarias de los instrumentos que deberían fortalecerlas, ya que los recursos parafiscales del café deben servir de manera efectiva al caficultor y a sus organizaciones.

Mientras cumplen un papel esencial para que el café de los pequeños productores tenga comprador, enfrentan problemas de liquidez, altos costos financieros, volatilidad del precio internacional, debilidades en capital de trabajo, dificultades para acceder a crédito, competencia informal, rezagos tecnológicos y ausencia de herramientas suficientes de cobertura frente al riesgo de mercado.

Como gobierno se ha impulsado una agenda para el sector cafetero dirigida al pequeño productor. El rescate de Cooperandes, la cooperativa cafetera más importante del país, ha sido un hito para el suroeste antioqueño y para Colombia. Y lo que ha planteado este gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Hacienda, es una apuesta colectiva para fortalecer la institucionalidad cafetera, de manera que esta sea la oportunidad para las políticas e instrumentos que nacen de los recursos de la parafiscalidad.

Este gobierno, como nunca, ha defendido una apuesta por una institucionalidad cafetera fortalecida y democratizada. Ahí entra la Federación Nacional de Cafeteros como institucionalidad, las cooperativas cafeteras -que deben ser más que intermediarias- y la base social, el pequeño productor, para construir un sector cafetero que le apunte a disminuir la desigualdad y la pobreza en Colombia.