¿A quién rescata la Ley de Rescate?

Es legítima la preocupación por un ajuste fiscal, luego, la cuestión no es el qué, es el cómo. Colombia mantiene una de las brechas de desigualdad más agudas de la región (según Cepal, hacia el año 2020, el 10 % más rico concentra cerca del 44 % del ingreso, frente al 0,9 % del 10 % más pobre), lo que deja a la clase media y a los hogares vulnerables en una situación económica precaria. Por eso, cualquier reforma tributaria regresiva, tal como es la presentada por el gobierno, es inaceptable. La Ley de Rescate Económico, como la han denominado oficialmente, descarga el costo fiscal sobre trabajadores y sectores vulnerables, mientras preserva privilegios y, relativamente, baja la carga a los sectores de mayores ingresos. No puede ser que en un país en el cual uno de los principales problemas de carácter económico y social es la desigualdad, la manera de solucionar los problemas fiscales sea quitándole más a los que menos tienen.

La propuesta grava con IVA del 19% alimentos esenciales e insumos, elevando el pago de IVA entre 42% y 55% en los deciles 1 a 3, contra solo un 5,8% para el 1% más rico, mientras concede tarifa de 0% con devolución a embutidos de grandes conglomerados con alto poder de mercado. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, lácteos y granos básicos, productos saludables, claves en el mercado de millones de personas y en la cadena de producción de decenas de miles de negocios como restaurantes o minimarkets, hoy cuentan con tratamiento de bienes excluidos de IVA (tarifa 0%), pero la medida plantea que pasen a pagar la tarifa general del 19%. Quizá por eso se oponen a los impuestos saludables y a las etiquetas que advierten a los consumidores sobre los riesgos del consumo de cierto tipo de productos. Pareciera un cálculo político basado en medidas tributarias de carácter regresivo.

A nivel laboral y patrimonial, la iniciativa obliga a declarar renta a ingresos medios entre 3,1 y 4,7 millones de pesos, al mismo tiempo que eleva retenciones y aportes de salud, pero incrementa el umbral exento de patrimonio de 3.700 a 5.000 millones. Con una devolución del IVA aplazada hasta 2028 e inviable para el comercio informal, la medida busca descaradamente que sea la clase trabajadora quien solucione el problema estructural de marco fiscal que el modelo económico y social ha propiciado a lo largo de la historia de la nación. Una solución justa y coherente con la evidencia económica, debería estar relacionada con una alternativa progresiva que preserve la canasta básica, al mismo tiempo que recaude cerca de $20 billones, gravando grandes capitales y rentas extraordinarias.

Una de las investigaciones más citadas relacionadas con este último punto, fue realizada por los economistas David Hope, del London School of Economics, y Julian Limberg, del King’s College de Londres. Se analizaron los efectos de 50 años de rebajas fiscales (1965-2015) en 18 países de la Ocde. El estudio determinó que estas medidas tuvieron un efecto estadísticamente nulo en el crecimiento del PIB per cápita y en las tasas de desempleo, logrando únicamente incrementar la desigualdad de ingresos. Desigualdad, sí.

En el gobierno de los “técnicos”, ninguna decisión se toma con la guía de la evidencia científica, sino bajo el racero del calculo político, respondiendo a los intereses del grueso de sus electores, la población perteneciente a deciles de mayores ingresos, y pasándole la cuenta a los deciles medios e inferiores. La falacia es la siguiente: gravar a los millonarios es anti-técnico y anti-ético, gravar a la clase media siempre está bien, es virtuoso y una visión experta.

También es mentira, por más que lo repitan para hacerlo pasar por verdad, que la responsabilidad acerca de la peligrosa situación fiscal del país es culpa del gobierno anterior. Es fácil controvertirles con datos. Con base en cifras del Dane y el Mhcp, se evidencia que durante el gobierno Petro la deuda como porcentaje del PIB no creció significativamente (1,3%, $63 billones) en comparación con Santos II (10,1%, $178 billones) y Duque (11,3%, $317 billones). En campaña, prometieron no golpear a la clase trabajadora con mayor carga tributaria, ahora, en gobierno, dicen que no hay otra opción. La hay, pero va en contras de sus compromisos políticos y sus maneras mezquinas de entender el crecimiento y desarrollo económico.

Colombia no necesita una reforma tributaria regresiva que ahonde en el ya grave problema de desigualdad, Colombia no necesita que las decisiones de política pública que buscan atender sus problemas sean tomadas a partir de los cálculos políticos y los sesgos de clase. Colombia necesita un gobierno comprometido con las clases vulnerables, ese es el camino que dignifica la vida del mayor numero de seres humanos, ese es el camino de la paz.