Y mientras tanto… el déficit institucional

Mientras el país discute gabinetes, el taxista Jorge Guzmán me hizo una pregunta relevante: ¿quién está mirando la calidad de las instituciones?

Jorge tiene un emprendimiento. Quiso sacar un registro: llevó papeles y pidió orientación. Encontró funcionarios que no sabían explicar el proceso, respuestas contradictorias y vueltas que no agregaban legalidad, sino agotamiento. Meses después, el registro seguía sin salir. La anécdota no prueba una tesis, pero la ilumina: cuando el Estado pierde oficio, el ciudadano no recibe ideología; recibe filas y frustración.

El nuevo gobierno heredará cuentas fiscales, inseguridad, demandas sociales y una diplomacia exigente. Pero también un déficit menos visible: la pérdida de capital humano en el Estado. En estos años, la rotación de ministros, viceministros y directivos no fue un detalle administrativo; fue una forma silenciosa de desgaste institucional. Cada cambio rompió la memoria, pausó decisiones, desordenó equipos y convirtió entidades complejas en oficinas de aprendizaje.

El problema no es que lleguen personas nuevas o de orígenes distintos. Sería injusto confundir mérito con apellido, universidad o estrato. La discusión no es la exclusión social; es la idoneidad pública. Gobernar exige abrir puertas, sí, pero también sostener estándares. La inclusión no puede convertirse en licencia para improvisar.

Ahí está el déficit institucional. No siempre aparece como escándalo. A veces se ve en un trámite que nadie resuelve, una política que se anuncia tres veces y no se ejecuta, una entidad que cambia manuales para acomodar perfiles, una regulación sin memoria técnica o una negociación delicada manejada como consigna. El Estado no se debilita solo cuando se roba; también cuando deja de saber, bajan los estándares y se facilita la falta de transparencia.

Las reglas de mérito no existen por vanidad tecnocrática; están en la Ley 909 de 2004 y en los manuales que exigen conocimientos, experiencia y requisitos para cada empleo público. Existen porque el Estado decide sobre derechos, subsidios, licencias, sanciones, contratos y seguridad. En una superintendencia, la experiencia no es decoración curricular: es la diferencia entre vigilar mercados complejos o improvisar. En la diplomacia, representar al país no es saber viajar; es negociar intereses y leer contextos. En un ministerio, una idea se vuelve gobierno con norma, presupuesto y ejecución.

Por eso, el empalme debe incluir una auditoría del capital humano del Estado: revisar cargos y vacantes críticas, recuperar capacidades técnicas, blindar manuales y reconstruir la memoria institucional. No para volver al pasado, sino para garantizar resultados.

Jorge Guzmán no pidió una tesis constitucional. Pidió que alguien supiera hacer su trabajo. Y ese, lejos de ser un detalle menor, es una crisis tan sensible como las demás que recibirá el nuevo gobierno: un déficit institucional que debilita la capacidad del Estado para enfrentar cualquier desafío. Sin instituciones que funcionen, ninguna reforma, política ni promesa podrá sostenerse. Un país no se queda sin instituciones cuando se caen los edificios, sino cuando adentro ya nadie recuerda para qué estaban de pie.