No habrá desarrollo sin recomponer la seguridad y la justicia

“Es de bien nacidos ser agradecidos”. Me disculparán los malagradecidos que se den por aludidos por esta nota de agradecimiento al Gran Colombiano, al Registrador y al profesor Mauricio Gaona, por su gran aporte al “fresquito” que hoy sentimos al salir bien librados después de habernos tenido que tirar un farol irracional frente a la embestida de un proceso electoral engañoso e incomprensible, donde terminamos eligiendo entre la libertad y un modelo narcocomunista.

Uribe, soportando un juicio infame, durante cuatro años recorrió barrios, universidades y pueblos sin dejar un minuto de defender la democracia de manera integral. Gracias a su trabajo y su doctrina, que encarnan los principios del colombiano común: trabajador, honrado y patriota, en este país sigue existiendo una mayoría que conserva los valores fundacionales de libertad y orden en los que se sostiene la democracia. No se equivoquen, que seres así son valiosos e irrepetibles.

Gracias a la integridad y transparencia del doctor Hernán Penagos y de todo el equipo de la Registraduría, superamos el voto fusil y la compra de conciencias en unas elecciones invadidas de ideología progresista destructiva y generadora de odios y resentimiento, y, una vez más, logró, contra viento y marea, mantener el barco a flote durante unos comicios en los que la soberanía tuvo que soportar todo tipo de abusos de un gobierno ladrón, de un mentecato degenerado aliado con el crimen organizado y la corrupción rampante en todas las ramas del poder.

El profesor Gaona, durante su larga estadía, mucho le aportó a un país que tan mal le pagó. Su gran conocimiento aportó claridad en la formación de conciencia sobre el peligro del cambio del sistema de libertades y garantías sociales por un totalitarismo constitucional modelo SS XXI, que implicaba la destrucción total institucional y del Estado de derecho.

Pasó la elección, se salvó el sistema de libertades, pero el problema sigue vivo y demanda atención de toda la sociedad. Un pueblo gobernado por una clase política ingrata y camorrera no puede desarrollarse y está condenado a vivir con el peso eterno de la injusticia. Por tanto, si la justicia no recupera el equilibrio, la fuerza y la imparcialidad, seguiremos montados en un péndulo oscilante entre la anarquía y la autocracia, hasta caer definitivamente en el totalitarismo.

La razón por la cual hay que recuperar de inmediato la seguridad física, la prestancia y la confianza en el sistema judicial es simple: si se quiere corregir un sistema político corrupto, primero hay que despolitizar la justicia y los entes de control, porque una democracia partidista lícita no puede seguir compitiendo contra movimientos políticos armados violentos, financiados y representados por criminales, narcotraficantes, terroristas, contratistas corruptos ni enfermos mentales. Para ponérsela fácil al lector, digamos que la seguridad respaldada por el sistema judicial es a la convivencia y las instituciones democráticas lo que son el tanque y la tubería que surten de agua a una población.

La justicia es el eje de la funcionalidad de un Estado de derecho y el pilar que sostiene el necesario equilibrio que habilita la independencia de poderes. Entonces, en lugar de abordar más “falsos procesos de paz”, que solo generan inseguridad e impunidad y desvirtúan los conceptos de la equidad, igualdad e imparcialidad, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la seguridad y la funcionalidad del sistema judicial. Una democracia sin justicia es una mentira donde el Congreso seguirá siendo una olla corrupta y los gobiernos, espejos de egos presidencialistas rodeados de camarillas, seguirán abusando y robando a sus anchas con sus aliados ideológicos públicos y privados.

Desde 2017, en virtud de los espurios acuerdos de Cuba, el desconocimiento del referendo y la instauración de la JEP, el control de buena parte de una justicia ideologizada y corrupta está influenciado por el poderío económico de la droga representado por organizaciones delictivas y narcoterroristas. Por tanto, es un suicidio democrático aceptar la participación en procesos electorales de candidatos que representan sistemas totalitarios contrarios a los preceptos del pacto social que representa el ordenamiento constitucional vigente.
El país no puede seguir otorgando participación política a violentos y corruptos, ni manteniendo una justicia paralela para indultar criminales de mejor derecho y escarmentar a las Fuerzas Armadas que defienden la ciudadanía; eso no es inclusión social ni pluralismo. Darle poder a la criminalidad para destruir es presión ideológica estigmatizante contra quienes respetan y quienes representan la ley. Los delincuentes, los subversivos, los revolucionarios, los violentos y los corruptos deben ir a la cárcel y pagar por sus crímenes sin privilegios; deben ser privados de su libertad y de sus derechos, pues su único propósito es destruir el sistema de libertades de los demás.

Es asunto de todos los colombianos exigir al nuevo gobierno, al Congreso y a las cortes seguridad, justicia y concertar agendas con el sector productivo para encontrar un propósito de país y un sendero de desarrollo que permita la recuperación de la quebrantada dignidad, la soberanía y la convivencia en esta nación.