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Obras por impuestos, empresas de paz

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Los impuestos están satanizados por la sospecha de que se pierden en los laberintos del poder sin cumplir su cometido. Muchas veces se lee y se escucha que lo ideal sería que cada quien tuviera la capacidad de escoger cómo y dónde poner su tributo. Hoy los empresarios están frente a esa oportunidad y, además, ante la coyuntura histórica de contribuir a la paz duradera de Colombia.

Con el programa de Obras por impuestos que puso en marcha el Gobierno las empresas ayudan a cerrar la brecha socioeconómica, a combatir la pobreza y la marginalidad en sitios de su interés o influencia, en los lugares más necesitados, donde el conflicto armado se ensañó con la población, detuvo el crecimiento, donde se hace más indispensable invertir para evitar que sus habitantes queden vulnerables a otros factores de ilegalidad y violencia.

Lo aprendimos de Perú, donde este programa de obras por impuestos cumple siete años. El año pasado se adjudicaron allá 76 proyectos, principalmente en educación, en su mayoría, a empresas con vocación minera que de esa manera también compensan sus zonas de influencia.

Infraestructura vial, acueducto y alcantarillado, energía, salud y educación son los principales sectores de los 647 proyectos consignados en la Agencia de Renovación del Territorio (ART) de Colombia para desarrollarse y que para su puesta en marcha deben validarse con los respectivos Ministerios y el Departamento Nacional de Planeación.

Los proyectos beneficiados deben estar en las llamadas Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) que identificó el Gobierno Nacional y que incluye 344 municipios.

La iniciativa Zomac también ofrece exenciones tributarias a proyectos de inversión en los sectores de agroindustria, comercio, servicios de transporte, construcción, actividades inmobiliarias, turismo, educación, salud, talleres, concesionarios, telecomunicaciones.

Para estos casos el principal beneficio consiste en una tarifa progresiva del Impuesto de Renta durante un periodo de 10 años a partir de 2017, que varía dependiendo del tamaño de la empresa. Para las micro y pequeñas empresas la tarifa será de 0% entre 2017 y 2021, de 25% entre 2022 y 2024, de 50% entre 2025 y 2027 y a partir de 2027 deberá pagar 100% de la tarifa.

Hay que cumplir con varias normativas, pero nada tan complejo que no pueda hacer una empresa, por pequeña que sea. Realmente lo que necesitan esos municipios es que sus autoridades y el sector privado conozcan muy bien de qué se tratan las Zomac, qué posibilidades tienen, qué pueden hacer ellos para incentivarlo y buscar inversionistas en toda la región, en todo el país, e incluso en el exterior, pues el decreto funciona para un pequeño negocio comercial hasta grandes proyectos de infraestructura, aunque están excluidas las empresas dedicadas a la minería.

Pero como muchas buenas iniciativas, esta oportunidad puede quedar en saco roto por falta de divulgación, promoción y gestión. Por ese motivo, es importante que todos los colombianos apoyemos dentro de nuestras posibilidades el conocimiento sobre la iniciativa y su promoción.

Amcham Colombia está comprometido con ello. Y para el efecto adelantamos una encuesta con las empresas. De momento tenemos dos buenas noticias y una mala: las buenas son que hay interés de las empresas en invertir en proyectos de sostenibilidad, que hay gran interés en agruparse con otras compañías para trabajar proyectos específicos. La mala es que el desconocimiento del programa es generalizado.

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