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Analistas 01/02/2021

No hay que perder el foco

María Claudia Lacouture
Exministra de CIT

Estamos ante una situación compleja desencadenada por el covid-19, con restricciones intermitentes que afectan al sistema productivo, nuevos picos y cepas más agresivas, así como la sensación de una limitada capacidad de vacunación que, aunque fuese masiva, aún debe demostrar que es efectiva ante otras posibles mutaciones.

Es una situación que necesita, más que nunca, coordinación institucional y diálogo permanente entre los sectores público y privado. Requerimos respuestas rápidas y eficientes, con una planeación que garantice la salud y el bienestar de la población sin afectar la dinámica económica, que es la que paga impuestos, ofrece empleo, contribuye al bienestar social y da estabilidad a las instituciones democráticas. La experiencia y el conocimiento adquirido en Colombia y en el exterior deben facilitar el manejo inteligente de la crisis, cumpliendo el doble propósito de mantener el dinamismo económico y garantizar la bioseguridad.

Por supuesto, deben mantenerse las restricciones cuando sean plenamente necesarias, pero también considerar el impacto económico y social que conllevan. En las 9 UPZ de las cinco localidades que estarán en cuarentena se encuentran 347 barrios y un poco más de 1,7 millones de personas. Hay cerca de 53.000 empresas dedicadas a las actividades de servicios (45%), al comercio (34%) y a la industria (11%) principalmente. Todas estas UPZ ya tuvieron cuarentenas en enero durante dos semanas, con lo cual tendrían 30 días de cuarentena en los primeros 45 días del año. Eso es demasiado.

Es una ventaja tener ubicadas y monitoreadas las zonas con mayores índices de contagios, lo que ayuda a no perder el foco y mantener permanentes acciones preventivas. En primer lugar, se deben enfocar y reforzar las entregas gratuitas y permanentes de tapabocas y alcohol, tener brigadas sanitarias pedagógicas que garanticen el distanciamiento, hagan seguimiento y vigilen el cabal cumplimento del cuidado personal, una labor que puede sustituir a los subsidios y permitiría que muchas personas que perdieron su empleo puedan tener uno, o reciban algún ingreso, principalmente mujeres y jóvenes.

En segundo lugar, tenemos que ser claros: en los escenarios más realistas se puede prever que el proceso de vacunación será lento y escalonado y, para eludir tutelas e individualismos, se debería acoger la posibilidad de que el sector privado, así como las ARL e incluso personas naturales, puedan adquirir las vacunas de forma privada y las utilidades generadas por estas ventas lleguen a un fondo que permita vacunar a grupos con dificultades para obtenerla.

Para lograrlo es indispensable comenzar desde ya a trabajar la ley que lo permita, pues las empresas proveedoras están atadas al programa nacional e impedidas a entregar vacunas a empresas y particulares. El sector privado quiere y puede contribuir y espera que el Gobierno le autorice a proveerse de vacunas y ayudar a la rápida y eficiente distribución de las dosis y a las vacunaciones masivas.

El virus nos seguirá acompañando, con picos para abril y otros más adelante, por lo que el Gobierno y el Congreso deberían comenzar a trabajar en la viabilidad de la distribución privada de dosis, sin perder el foco de que estamos obligados a reforzar la prevención y el autocuidado, con infracciones duras sin excepción a todo aquel que las incumpla.