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Cada 1° de septiembre, el presidente de Estados Unidos informa al Congreso qué países productores o de tránsito de drogas ilícitas cumplen y cooperan, o incumplen, los objetivos de las convenciones internacionales sobre estupefacientes. Con base en esta evaluación, los países pueden ser plenamente certificados, recibir una certificación con interés nacional o ser descertificados. En este último caso, las sanciones pueden ir desde la pérdida de ayuda económica y militar hasta restricciones comerciales y una crisis de confianza para inversionistas y turistas.
Colombia ya conoce el impacto de esta medida. En 1996 y 1997 fue descertificada. Aunque no derivó en sanciones extremas, sí deterioró su imagen internacional, afectó la confianza inversionista y generó mayores controles en el comercio exterior. Hoy, el país vuelve a estar en similar situación y aunque el impacto inmediato puede parecer limitado, el riesgo de mayores consecuencias es real.
Este escenario exige actuar con pragmatismo y estrategia. La descertificación puede llevar a tres posibles caminos: 1) que se ratifique y el Presidente de EE.UU. imponga sanciones a su discreción; 2) que no se apliquen sanciones por interés nacional de EE.UU., pero bajo la condición de un plan de trabajo estricto; o 3) que se mantenga la descertificación sin sanciones inmediatas, pero con un impacto negativo en imagen, confianza y relaciones diplomáticas.
En este contexto, la responsabilidad recae sobre el Gobierno. El embajador Daniel García-Peña y la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, han adelantado esfuerzos diplomáticos para demostrar el compromiso del país en la lucha antidrogas y en el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Es vital que estas acciones se mantengan y se multipliquen para evidenciar compromiso y evitar que el tema quede a la deriva o, peor aún, sujeto a discursos o mensajes en redes que deterioren la situación.
Pero la diplomacia tradicional no es el único camino. Es crucial desarrollar una estrategia de diplomacia empresarial que fortalezca la cooperación, resguarde el desarrollo económico y minimice el impacto de la descertificación en las exportaciones, la inversión y el turismo.
Colombia no representa una amenaza comercial para EE.UU., por el contrario, es una oportunidad estratégica. Sin embargo, para que esta narrativa sea efectiva, debe estar respaldada por hechos. Esto implica fortalecer los esfuerzos, con contundencia y voluntad, del Gobierno en la lucha antidrogas con métricas verificables, diversificar el control de cultivos y presentar iniciativas de cooperación en áreas de interés para EE.UU., como seguridad, desarrollo rural y comercio. También es clave destacar la importancia de Colombia para la seguridad estadounidense y su posicionamiento estratégico en la región, incluida la defensa de la democracia.
El país aún tiene margen de acción. En su momento, el Plan Colombia sustituyó la descertificación y fue la respuesta estratégica a una crisis de confianza internacional. Hoy se requiere una hoja de ruta similar, adaptada a los desafíos actuales. Aunque la descertificación sea un hecho, siempre habrá opciones para revertir la situación. Pero evitar extremos solo será posible si trabajamos con unidad, estrategia y sin dejar la gestión en manos de un trino presidencial.
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