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¿Quién quiere cuatro billones?

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En días pasados las cajas de compensación celebraron su asamblea anual. Las cajas, vale recordarlo, se nutren de los aportes que hacemos los trabajadores formales en Colombia. Cuatro por ciento de nuestros sueldos se van a estas instituciones privadas, sin ánimo de lucro y con un mandato vago. Esos aportes sumarán aproximadamente $4 billones en 2013.

De un par de extractos de las intervenciones de algunos de los oradores de la asamblea, se entiende bien la esquizofrenia institucional de las cajas, los dilemas que enfrentan ellas y nosotros, sus contribuyentes. Por ejemplo, el vicepresidente Angelino Garzón les pidió defender sus recursos como “un gato patas arriba” y batallar por su autonomía, diciendo que el Gobierno no debía entrometerse en “asuntos internos de organizaciones privadas”. 

El presidente de Asocajas, el gremio que las representa, afirmó que “es hora de afrontar… la discusión de qué son las cajas de compensación y cuál debe ser su papel en los nuevos tiempos. De forma permanente nos chocamos con múltiples interpretaciones de los organismos de supervisión y control, con el Congreso de la República y con el mismo Gobierno sobre nuestra naturaleza jurídica”. 

De tiempo atrás se ha venido discutiendo si ese impuesto sobre los salarios formales tiene sentido. Hay al menos dos razones para dudarlo. La primera tiene que ver con el encarecimiento del trabajo formal. Con ese argumento, en la reforma tributaria reciente algunos propusieron que se debía considerar el desmonte de los aportes a las cajas de compensación. Sin embargo, la viabilidad política del proyecto no lucía halagadora y el Gobierno decidió no proponerlo.

La segunda razón tiene que ver con el destino de esos recursos y su posible desalienación de los deseos de los ciudadanos. Para ilustrar el punto miremos las cifras del caso bogotano. En la capital los trabajadores formales contribuimos a las cajas cerca de $1.5 billones al año. Esos recursos equivalen a lo que recauda anualmente el Distrito por concepto de predial. Si el Distrito agregara a sus ingresos tributarios anuales las contribuciones de los trabajadores bogotanos a las cajas, estos aumentarían más de 25%.

Bogotá acaba de pedir un cupo de endeudamiento para poder financiar la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá. Con $1.5 billones se podrían pagar casi dos troncales anuales de ese porte. El Distrito dice que el metro de Bogotá costaría $6 billones, es decir, con los aportes que hacemos los bogotanos a las cajas, ¡pagaríamos una línea de metro cada cuatro años!

Quizás sea hora de plantearnos si no sería mejor dirigir esos recursos a las arcas de los municipios, donde tendrían destinos alineados con los deseos de los votantes. Además, si los municipios son los destinatarios de los recaudos que hoy van a las cajas tendremos en  las autoridades municipales un nuevo aliado en pro de la formalización laboral. Los alcaldes podrán argumentar que el recaudo depende de la formalización de los contratos; los ciudadanos verán que sus aportes se van a la bolsa de recursos de su municipio y podrán exigir con su vigilancia y votos el destino que más le convenga a su comunidad. Quizás algunos elijan lujosos edificios como los que han hecho las cajas en Bogotá. Pero otros con certeza votarán por arreglar las calles, hacer el metro y troncales de TM, etc. 

Esos $4 billones los quieren muchos. Desde las manos privadas con el uniforme de cajas y su mandato vago, hasta el Gobierno nacional. Quizás sea hora de una reforma que le haga llegar a los municipios los recursos con los que sus ciudadanos hoy en día nutren a las cajas. 

Twitter: @mahofste

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