Analistas

Nueve billones

Una de las lecciones que hemos aprendido a punta de moretones es que los malos tiempos macroeconómicos son particularmente dolorosos si el sector financiero entra en problemas. Nuestra crisis de final del siglo pasado o la gran recesión en Estados Unidos en la década anterior son ejemplos recientes que ilustran las secuelas de largo aliento que acompañan a los países que han probado ese maridaje. La supervisión y regulación del sector financiero apuntan en buena parte a desterrar hasta donde nos sea posible la ocurrencia de ese doble golpe.

Si hoy preguntamos por la posibilidad de que haya, en medio del enfriamiento macroeconómico, problemas en el sector financiero especialmente en su arista hipotecaria, la respuesta que hace carrera es que todo anda bien. La cartera no muestra señales de deterioro, el peso en el PIB del crédito hipotecario es menor que el que había en la crisis de los 90s y los bancos tienen una mejor diversificación que hace 20 años, cuando todavía teníamos banca especializada en créditos hipotecarios. 

Pero hay dos señales de alarma. La primera, los precios de la vivienda relativos al IPC han empezado a caer. Entre enero de 2015 y enero de este año lo hicieron en más de 3% para el caso de vivienda nueva. La corrección por ahora es saludable-hay estudios que señalan que la senda de precios tenía características de burbuja-pero ya sabemos qué harían los deudores si la tendencia se acentúa y ven que deben más que el precio del inmueble. Estamos lejos de que eso ocurra pero hay que hacerle seguimiento cuidadoso al asunto. 

La segunda señal de alarma empezó a sonar con fuerza. En Colombia, en una de las modalidades de crédito hipotecario, el cliente y el banco pactan una tasa fija a la que se le suma el UVR, que en esencia es la inflación reciente. Como desde mediados de 2009 y hasta comienzos de 2015 la inflación estuvo anclada a la cifras cercanas a la meta de 3% del Banco de la República, los que tenían (o pedían) créditos en UVR debían sumarle ese número a la tasa que pagan mes a mes. Pero ahora con la inflación rondando 8% esas tasas pactadas han saltado cinco puntos porcentuales. 

Algunos argumentan que no debemos preocuparnos por esto pues hay muy pocos créditos hipotecarios en UVR y por tanto si se cuelgan sus deudores no habrá mayores consecuencias macroeconómicas. Esa premisa descansa sobre el hecho cierto de que la mayor parte de los créditos hoy en día se dan en tasas fijas, no atadas al UVR. Pero aun así, 21% del saldo vigente de la cartera hipotecaria está representada por desembolsos en UVR: ¡$9 billones repartidos en más de 300.000 créditos! Difícil voltear la mirada argumentando la irrelevancia del monto. Peor aún: estos créditos están concentrados en la población más vulnerable. En 2015, por ejemplo, la tercera parte del crédito VIS (vivienda de interés social) se otorgó en UVR, mientras que esa cifra no llega a 10% para el crédito NO VIS. Justamente a la población más pobre le estamos cobrando cinco puntos extras de tasa de interés respecto a la que esperaban basados en la promesa de una inflación estable cercana a 3%. 

Hay una preocupación macroeconómica relacionada con la futura calidad de ese crédito; y debería haber una preocupación por el impacto social que tiene el sorpresivo aumento en las cuotas que están empezando a observar las más de 300.000 familias con estos contratos.