Carestía por decreto

Los colombianos nos hemos indignado al enterarnos que algunas empresas se han puesto de acuerdo para pactar estrategias que les permiten vendernos caro. Un caso reciente que llegó a la luz pública fue el de las cementeras. Luego supimos que había un cartel de pañales, uno de papel higiénico, otro de cuadernos. 

Hay una premisa sobre la que creo no hay controversia: nos parece injusto-lo suficiente como para tipificarlo en nuestras leyes-que haya pactos para vendernos caro. Lo curioso es que tenemos varios casos en los que nuestras propias reglas de juego patrocinan que eso ocurra. Por ejemplo, en los últimos días varios de mis colegas columnistas han llamado la atención sobre el azúcar, un sector cuya regulación limita la competencia y permite a un puñado de ingenios vendernos caro a 48 millones de colombianos y a empresas que utilizan el endulzante como insumo. 

Cito dos ejemplos adicionales que tenemos frescos en la memoria, pero hay muchos más. El de los camioneros es un clásico. La presidencia de Samper, en medio del desespero por mantenerse a flote, aprobó precios mínimos para los fletes. Desde entonces hemos tenido en promedio un paro camionero cada dos años en los que discutimos si el precio mínimo es suficientemente alto y si el esfuerzo gubernamental por hacer cumplir la tabla acordada es apropiado. La premisa parece ser que el “derecho” a cobrarnos caro amerita paralizar bianualmente el país. 

El método lo aprendieron los cafeteros quienes a comienzos de 2013 también lograron que los colombianos les pagáramos sus cosechas por encima de lo que el mercado internacional les reconocía. Acabados los recursos del subsidio ha habido varios connatos de nuevo paros: una vez más, la defensa del “derecho” a precios mínimos parece ameritar vías de hecho.

Necesitamos unas pautas técnicas que especifiquen las circunstancias en las que como sociedad nos parece apropiado pagar precios altos-entendidos como precios superiores a los de libre competencia. El asunto no puede quedar al vaivén de la viveza gremial-como en el caso de los azucareros-ni al chantaje de la paralización vehicular. Abro la discusión sugiriendo tres criterios que podrían justificar algún tipo de intervención gubernamental transitoria o permanente para empujar los precios de algún bien por encima de los de mercado. Ninguno de los criterios parece aplicar a los tres sectores que he citado.

Los altos precios actuales del cemento en Colombia tienen origen en un episodio en el que grandes jugadores sacaron del camino a pequeños, vendiendo por debajo de los costos de producción. Ese tipo de circunstancias puede ameritar la defensa de un precio mínimo. Segundo, si en una zona o en un producto específico hubiera muy pocos compradores, también se podría justificar un precio mínimo. Por ejemplo, si una sola gran empresa compra toda la leche de una región amplia y los productores no pueden acceder a un comprador distinto, podría haber abusos que ameriten una vigilancia especial. Una tercera causa podría aplicar para sectores que tengan importancia estratégica en términos de seguridad alimentaria. Por ejemplo, el maíz podría conseguirse más barato en el mercado externo, pero por razones de seguridad alimentaria de largo plazo podríamos proteger la producción local pagando todos precios mayores a los de mercado. 

Puede haber otros criterios pero en la lista no estarán, creo yo, ninguna de las razones que explican los precios mínimos de los tres sectores citados ni de muchos otros que no mencioné.