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Y ahora… ¿de dónde sacamos para las 4G?

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Dado que el ministro Cárdenas acaba de subir oficialmente la meta del déficit fiscal a 3% y que Sergio Clavijo, presidente de Anif, estimó el déficit de cuenta corriente en 6% para 2015 y 2016, el Gobierno está en la encrucijada de contener los efectos negativos de su deteriorada salud financiera mediante un incremento de sus ingresos, recortes significativos al presupuesto público o ventas de activos de propiedad de la Nación.

Del lado de los ingresos, ante la disminución de los dividendos a la Nación por la caída de los precios de los bienes básicos, el Gobierno ha prometido una y otra vez que no elevará la carga tributaria. El riesgo es que incrementarla seguramente generaría una desinversión en el país por parte de las empresas, que puede resultar en un efecto opuesto al que está buscando el Gobierno. Y subirla para los trabajadores tendría un costo político demasiado alto.

Por el lado de los egresos, el anteproyecto del presupuesto  2016 presentado a finales de julio de este año al Congreso hace un esfuerzo al incrementarlos únicamente 2,5% con respecto al de 2015, lo cual se constituye en una meta inferior a la inflación esperada para este año y por lo tanto una disminución del mismo en términos reales. Sin embargo, esta disminución se presenta en gran parte por la caída de 11% del rubro de inversión con respecto a 2015 y de 38,3% con respecto al presentado originalmente en Plan de Desarrollo 2015 – 2016, que se termina desdibujado ante la falta de consistencia entre la planeación de largo plazo y el presupuesto anual. En otras palabras, debido a los cambios del entorno global, del Plan de Desarrollo solo quedaron los artículos que se convirtieron en ley sin mayor debate en su paso por el Congreso.

Por lo tanto, como sucede en un hogar que no logra ajustar sus gastos ante la diminución de su ingreso, el Gobierno no tiene otra opción que vender activos como la participación en empresas  para cuadrar sus cuentas y no pegarle más duro a la inversión tan necesaria para el país. De esta manera, aunque hipoteca los ingresos futuros de la Nación, que generan las empresas con participación pública, recibe por adelantado sumas de dinero importantes que, si se invierten eficientemente en proyectos como las vías 4G, terminan teniendo un retorno mucho más interesante para el país.

Hoy las empresas con mayor inversión pública a nivel central son Ecopetrol, Isagen, ISA, el Banco Agrario y Telefónica Colombia, entre otras. De estas empresas, Ecopetrol no se encuentra en su mejor momento para lograr buenos precios en una desinversión y el Banco Agrario tiene para el Estado funciones adicionales a la de generar dividendos. Quedan entonces como candidatos potenciales de desinversión por parte del Gobierno, Isagen, que con una valoración estimada de $5 billones que ya tiene autorización de venta por parte del Consejo de Estado; el 51% de ISA con una valoración aproximada de $4 billones; y el 31% de Telefónica Colombia con un valor calculado de $2 billones.

Este último caso debería ser del mayor interés para el Gobierno dada su posición no controlante y por lo tanto la ausencia de razones estratégicas para la inversión, el excelente resultado logrado por sus administradores en la consecución de sinergias en la fusión de Movistar y Colombia Telecomunicaciones y las recomendaciones de la Ocde de que el Gobierno no participe en un sector en el que ejerce como el regulador.
 

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