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En una década, América del Sur ha cambiado totalmente de orientación política. El 23 de mayo de 2008, los mandatarios de izquierda de la época aprobaron el Tratado Constitutivo de Unasur, con sede permanente en Quito, con el fin de consolidar su visión política en la región. Pocos se imaginaban que los creadores de tal visión terminarían en la debacle que presenciamos hoy en día.
De sur a norte, Cristina Fernández, que llevaba entonces las riendas de Argentina, hoy estaría en la cárcel de no ser senadora con inmunidad, por liderar una asociación ilícita que tenía como objetivo recaudar millonarios sobornos de empresarios de obras públicas. En 2015, Michele Bachelet, que para 2008 dirigía los destinos de Chile, quedó al descubierto por una operación especulativa en la venta de unos terrenos orquestada por su nuera y su hijo mayor. Como consecuencia, su popularidad se desplomó a menos de 30 por ciento.
Lula da Silva, entonces presidente de Brasil y símbolo de la izquierda latinoamericana de los últimos 30 años, pasó de ser emblema del renacer democrático de América Latina a la vergüenza de una celda en 2018, tras ser condenado a 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Ese mismo año, Rafael Correa fue llamado a juicio por la Corte Nacional de Ecuador por organizar, en 2012, el secuestro del congresista disidente ecuatoriano Fernando Balda, en el barrio Cedritos de Bogotá.
Solo uno de los mandatarios de izquierda de hace una década queda hoy en el poder sin que su elección esté cuestionada por antidemocrática: Tabaré Vásquez de Uruguay, el único presidente de América del Sur que envió una delegación a la reciente posesión de Maduro en Venezuela. Evo Morales, que ha conducido las riendas de Bolivia desde hace más de doce años, volverá a presentarse a elecciones en 2019 a pesar de que el pueblo le negó esta opción en un referendo ignorado por el Tribunal Constitucional.
El caso más diciente es el de Venezuela, donde Nicolás Maduro perdió todo respeto por los procesos democráticos y ganó unas elecciones no libres en las cuales la mayoría de los candidatos opositores no se pudieron presentar. Con la excepción de México, donde el populista López Obrador es aún un enigma por descifrar, Nicaragua, donde Daniel Ortega es acusado por la OEA de no permitir que impere el Estado de Derecho, utilizar la fuerza de manera desmedida, mantener presos políticos y asfixiar el pluralismo político, El Salvador y Cuba, todos los países de la región, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá le han solicitado al presidente Maduro que renuncie y permita una transición a la democracia.
No hay que olvidar que, a pesar de no tener apoyo internacional, el régimen de los Castro en Cuba se ha sostenido 60 años gracias al control de los medios de producción y el monopolio de la fuerza. Los militares cubanos que, así como los venezolanos, han sido favorecidos con dádivas de todo tipo, seguirán apoyando a los dictadores si no obtienen garantías de que no serán procesados por su pasado y se les ofrezca un futuro mejor.
La comunidad internacional y el pueblo de Venezuela se enfrenta entonces al mismo dilema de Colombia en su proceso de paz: hasta dónde se puede perdonar a quienes con crueldad le negaron por décadas una vida digna a su pueblo. De no perdonarlos, el pueblo de Venezuela seguirá rehén de los perversos que están en el poder.
