Postura sobre el plebiscito

Inevitable referirse a los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc en la coyuntura actual. La polémica sobre si las bases de nuestra democracia reposan en la justicia o la paz, y el enfrentamiento dialéctico sobre la conveniencia de aprobar o improbar lo negociado tienen que contextualizarse en un marco de realismo prospectivo y pragmático. De otra manera nos quedaremos en el análisis de un acuerdo descontextualizado de la realidad del país.

Lo primero y más importante a analizar es si la adopción de los acuerdos traerá más paz al país. Es irreal entrever que la desmovilización de gran parte del grupo guerrillero más antiguo del país no es un paso significativo para acabar con la violencia, así como es iluso pensar que todos los integrantes de las Farc renunciarán a sus actividades ilegales. Los mandos medios de las Farc estarán tentados con quedarse con el rezago del negocio del narcotráfico o minería ilegal que por su propia naturaleza se defiende con violencia. Para el guerrillero raso, raspachín, ganadero o soldado es mejor ganarse dos o tres salarios mínimos libres de impuestos que los $600.000 que les ofrece el gobierno. 

A mi entender, lo crítico para que la implementación del acuerdo merme la violencia en el país pasa por algo no definido en él: el compromiso real de las élites guerrilleras de desmontar los negocios ilegales que los financiaban. ¿Será que a futuro Timochenko y sus compañeros tendrán el valor patriótico de denunciar a sus excompañeros que continúen delinquiendo? Sin su ayuda, seguiremos intentando desmontar las estructuras criminales generadoras de violencia rural por otros cincuenta años.

El segundo aspecto que no se puede descuidar es la financiación de los acuerdos que no es otra cosa que la financiación de un Estado más grande, más intervencionista en los mercados y más oneroso para los colombianos. La nueva justicia transicional, la creación de 1.025 concejos locales de nutrición, son entre muchos otros puntos, maneras de ampliar el rango de acción y el gasto del gobierno hacia la economía planificada, ajenos a que, en el mundo globalizado, está comprobado que el bienestar social pasa por otro camino. Es evidente con la caída de los regímenes de derecha e izquierda cuyos gobiernos han comprometido la libertad de asociación de sus pueblos, que un balance apropiado entre las funciones del Estado y la iniciativa particular, sea asociativa, societaria o cooperativa, es esencial para librar de la miseria a quiénes no hacen parte de la élite. Desde este punto de vista los acuerdos no cuidan el centavo, sino que confían una cantidad enorme de pesos adicionales a la clase política.

El tercer punto a tener en cuenta es la capacidad de la clase política del gobierno de respetar visiones divergentes de la oposición tal como expresado en el aparte de participación política del acuerdo de paz. La persecución de los miembros del ejército con visiones divergentes, la satanización de los defensores del NO y, la persecución judicial a aquellos que no comparten el SÍ, contrastada con la negociación de penas resultante para los dirigentes de las Farc, está lejos de generar paz a futuro. 

Sin embargo, dado que la desmovilización total de la guerrilla, el aumento del gasto del gobierno (muy desbordado en el mandato Santos) y la persecución de la oposición no se evitan no firmando el acuerdo de paz, considero que debemos darle un chance, con la esperanza de que otro gobierno solucione estos entuertos.