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Pilas con el empleo

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El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, confirmó que recibió recientemente tres solicitudes de autorización para  realizar despidos masivos. “Hay actualmente tres empresas pidiéndome despidos masivos: Hyundai pide 4.000, Pacific 3.200 y Archie’s 1.200. Y yo les he dicho que no soy un notario ni un liquidador, yo vengo a generar empleo y no desempleo. Lo cual me pone en un debate muy duro, porque me tienen que justificar muy fuerte esos despidos”. Recordemos que el Ministro llegó a ser presidente de la Unión Sindical Obrera y de la Central Unitaria de Trabajadores, las organizaciones sindicales más importantes del país.

Estas solicitudes son algunas de las manifestaciones concretas del impacto de la desaceleración económica en el empleo. Como consecuencia lógica a la disminución de la actividad comercial en los sectores automotriz, petrolero y de comidas rápidas, las empresas toman decisiones de recorte de personal dolorosas pero necesarias con el fin de garantizar su sostenibilidad. Según el observatorio laboral de la Universidad del Rosario, el Ministerio de Trabajo solo autorizó a agosto de este año 11 de las 35 solicitudes presentadas por empresas para realizar despidos masivos.

No se puede negar que para algunas personas los procesos de reestructuración son humanamente complicados. Para muchos competir en el mercado laboral después de tener el ingreso garantizado por años en una empresa implica un problema mayor en vez de una oportunidad. Sin embargo, a la luz de las variaciones de demanda por los diferentes productos y servicios, las empresas deben poder ajustar su planta de personal para no perder su competitividad y poner en riesgo los empleos que generan para el resto de sus trabajadores. 

Negarle a las empresas los ajustes para ser competitivos no genera empleo ni a mediano ni a largo plazo dado que el nivel de empleo está definido principalmente por factores macroeconómicos como la inversión, la demanda y  la oferta. Las únicas consecuencias de la política del Ministerio de Trabajo son poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas e impedir que los jóvenes tengan la oportunidad de competir por las plazas ocupadas por los trabajadores veteranos, al no dar movilidad a la fuerza laboral (en un país donde el desempleo joven casi que duplica el desempleo total). 

La posición proteccionista actual de nuestro marco jurídico laboral y su interpretación por el Ministerio de Trabajo en cuanto a despidos masivos no es la única que desequilibra el mercado laboral y quita competitividad. Nuestra legislación laboral exige además autorización expresa del Ministerio para despedir a aquellas personas que tienen restricciones médicas, así no puedan cumplir con sus funciones básicas en su empresa. Ante esta imposibilidad, en un sistema en el que las empresas pagan una prima a las aseguradoras de riesgos laborales (ARL)  y las empresas promotoras de salud (EPS) para que respondan por las incapacidades de sus empleados, las empresas terminan arrastrando costos de personal no productivo que necesariamente tienen que trasladar a sus productos y servicios perdiendo competitividad en el ámbito nacional e internacional.

Si de reactivar la economía y darle más oportunidad a los jóvenes se trata, el Gobierno debería pensar no sólo en una reforma tributaria estructural sino en una reforma laboral que genere competitividad y empleo para el país, dándole flexibilidad a la economía para acomodarse a sus nuevas realidades del entorno global.

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