Pensiones anticorrupción

Cuando se piensa en adultos pensionados normalmente viene a la mente el dolor que sienten muchos ancianos, ya sea porque no reciben fondos suficientes o porque son abandonados por sus hijos.

La imagen de un viejo abandonado en la incapacidad que trae el trajín de los años en el cuerpo humano ha llevado a que, históricamente, el Estado tome un rol activo en dignificar sus últimos años de vida.

Una acción que el Estado ha tomado para evitar que la vejez se vuelva un problema de dignidad pública es obligar a los empleados a ahorrar para los últimos años de vida.

Hoy un empleado tiene la obligación de dedicar 16 % de su sueldo nominal a ahorro en pensiones obligatorias y puede, si lo considera necesario, ahorrar un dinero adicional para mejor su sustento futuro por medio de pensiones voluntarias.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, la posición del Estado tiene sentido. De no existir la obligación de ahorrar en pensiones, el problema social que la desatención de la vejez seguramente terminaría en la necesidad de crear programas asistenciales que saldrían de las arcas del Gobierno, creando un déficit fiscal a futuro, en parte comparable con las consecuencias de los bonos de agua diseñados por el ministro Carrasquilla.

Adicionalmente, las cotizaciones a pensiones obligatorias y voluntarias terminan en gran parte financiando el gasto público, dada la obligación de los fondos de pensiones de prestarle ese mismo dinero al Gobierno invirtiendo en bonos de tesorería TES.

Lo cierto es que las pensiones en Colombia cumplen de manera muy imperfecta con la función social de proteger a las personas en su vejez, sobre todo teniendo en cuenta su relación costo beneficio.

Hoy el Gobierno gasta alrededor de $40 billones anuales del presupuesto nacional en pensiones, equivalente a 4,2% del PIB proyectado, dinero que corresponde a obligaciones para cubrir el desequilibrio entre las cotizaciones y los beneficios en los diferentes regímenes públicos.

Este déficit creció de manera acelerada desde 1990, cuando equivalía a 0,6% del PIB. Hoy, 28% de los ingresos de la Nación se va en este rubro, que corresponde en cerca de dos terceras partes a los regímenes especiales de maestros, militares y policías y en una tercera parte a los pensionados por Colpensiones.

A pesar de los cuantiosos recursos del presupuesto dedicados a pensiones, apenas 24% de los mayores de 65 años tienen actualmente acceso a una pensión. El 86% de los subsidios pensionales se dirigen a 20% más rico de la población, mientras el quintil de más bajos ingresos solo recibe 0,1% de los subsidios.

Los congresistas y los magistrados gozan con beneficios propios de los regímenes especiales de pensiones. Los congresistas se jubilan a los cincuenta años, con solo un periodo legislativo como experiencia. Estos beneficios son claramente más onerosos a la Nación que la supuesta disminución de sueldos de estos.

Teniendo en cuenta que los proponentes de la consulta anticorrupción consideran que la remuneración de los congresistas es demasiado alta, incluidos aquellos acusados actualmente de chuzadas ilegales, valdría la pena saber si apoyarán una reforma pensional que limite los beneficios a los pobres ancianos que reciben pensiones millonarias o, si por una vez, dedicarán ese presupuesto a la atención de la vejez desamparada.