¿Paz o plata?

Si bien el proceso de paz aún genera dudas sobre los mecanismos de selección de los jueces de la justicia transicional, el funcionamiento de las zonas de concentración y los mecanismos de dejación o entrega de armas, los eventos recientes indican que los aspectos económicos van a ser cada vez más críticos en la definición del producto final del proceso que tendrá que votar el pueblo colombiano en el plebiscito.

La denuncia de la camioneta robada que fue utilizada como medio de transporte por las Farc en su actividad pedagógica ilustra el primer aspecto económico a evaluar. ¿Quién va a responder por los daños de las Farc a las personas a las cuales les ha decomisado bienes, a los comerciantes que ha extorsionado y a las compañías a las cuales les ha volado los oleoductos, torres de energía y demás infraestructura por decenas de años? ¿Se le retornarán a las compañías de seguros los pagos de siniestros ocasionados por el grupo guerrillero que han desembolsado? ¿Habrá que indemnizar a las familias de los adictos a los alucinógenos que produjeron, movieron y vendieron las Farc por más de 20 años? 

Dado que las Farc han declarado públicamente no tener fondos disponibles a pesar de la rentabilidad de sus actividades delictivas, ¿cuáles son los daños que ocasionó el grupo guerrillero por los que el Estado debe responder económicamente, dado su deber constitucional de defender la vida, honra y bienes de los colombianos? Lo obvio es que no serán los gobernantes, los partidos políticos ni los funcionarios públicos de turno los que responderán por los daños causados por las Farc, sino que terminarán siendo los empresarios, los trabajadores y en general todos los colombianos los que tributarán más para poder indemnizar a las víctimas.

En el caso de que el Estado entre a indemnizar las víctimas surge una segunda pregunta. Si los damnificados por las Farc ejercían una actividad económica, ¿no cobraban en su momento un sobreprecio a sus clientes por el riesgo que asumían al prestar sus servicios o vender sus productos en zona de riesgo? Se sospecha entonces que los daños por los que debería responder el Estado son solo los relacionados con la población civil que no podía trasladar a terceros los daños infligidos por las Farc. Según estimados de terceros, estos costos de indemnización de terceros están alrededor de $10 billones. Claro es que el proceso de identificación y valoración de los daños ocasionados por las Farc será subjetivo por su dificultad probatoria y que los gastos que asumiremos los colombianos en este frente son inciertos y expuestos a los altos niveles de corrupción de los gamonales locales e instituciones regionales que los distribuirán.

El segundo costo económico de la paz es la remuneración que se ofrecerá a los excombatientes de la guerrilla. Asumiendo un ingreso mensual de $3 millones, basado en las declaraciones del gobierno e incluyendo los apoyos sicológicos, cada uno de los 20.000 guerrilleros y milicianos de las Farc, terminará recibiendo $108 millones en un período de 3 años, un egreso total menor a $2,5 billones para la Nación. 

A pesar de estas cifras, muchos hablan de un costo de la paz en decenas de miles de millones de dólares, estimados que fácilmente quintuplican los presupuestos presentados en esta columna. Sabiendo que las fauces clientelistas acechan a la espera del presupuesto de la paz, es necesario que este esté definido en detalle antes del plebiscito a votar.