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El país está sumido en el pesimismo, se quejaba Juan Manuel Santos, y con ese argumento inició una campaña publicitaria estatal para combatirlo después de que el proceso de paz fue aprobado. Ese pesimismo, a su juicio injustificado, es el mismo que hoy, después de tan solo cuatro meses, castiga al gobierno Duque y le quita margen de acción.
Existen factores que respaldan esa visión. La interminable seguidilla de noticias sobre la corrupción en la ejecución de obras públicas en el gobierno anterior, con la concurrencia de Odebrecht, y la incapacidad de la justicia de procesar y llevar a los responsables de alto nivel tras las rejas, se ha tornado color de hormiga con la muerte “Agatha Christie” del ex auditor Pizano y las dudas que emergen sobre el accionar del Fiscal General de la Nación.
Los escándalos de corrupción que atañen a la clase dirigente colombiana siguen apareciendo como en el caso Cemex, en el cual un ex vicepresidente de la compañía, Edgar Ramírez, también en la vigencia del gobierno anterior, está entregando información detallada de lo que habría sido un entramado de corrupción donde se habrían pagado millonarios sobornos a políticos, alcaldes, gobernadores, congresistas, funcionarios y contratistas con el objetivo de ganar millonarios contratos en el país.
El ciudadano del común hila los escándalos de corrupción con el déficit del Gobierno y la Ley de Financiamiento que está impulsando. A pesar de que el gobierno Duque está respondiendo responsablemente a un faltante heredado, la presión de sectores como el estudiantado lo llevó a aprobar un presupuesto nacional con un incremento superior al de la inflación, que genera la necesidad de recaudar más fondos de las personas naturales.
La Ley de Financiamiento propuesta es el resultado del compendio de recomendaciones de la comisión de expertos, malinterpretada como una reforma que va en contra del pueblo por propuestas como el IVA a la canasta familiar.
A diferencia de muchos países de América Latina, hay noticias positivas en los últimos años que, de ser difundidas elegantemente por el Gobierno, dejarían entre nuestra gente una sensación diferente sobre nuestra capacidad como país a echar para adelante.
Acorde con las tendencias de las décadas anteriores y las predicciones del World Data Lab, la clase media va a aumentar 32% en los próximos diez años, de manera que ya no será poco más de la mitad de la población, sino que alcanzará 64%. Así, casi dos tercios de los colombianos harán parte del grupo con ingresos entre $1 millón y $10 millones mensuales de hoy. La pobreza en Colombia va cediendo poco a poco.
Las prácticas corruptas también están siendo atacadas. El Gobierno actual, por primera vez en muchos años, está combatiendo la mermelada representada en los cupos indicativos, a costa de hacer más difícil la aprobación de proyectos de ley en el Congreso, pero con la ética que hemos venido reclamando.
Estas nuevas prácticas no son un remedio infalible a la corrupción que siempre se reinventa con nuevas formas de actuar, pero son un paso importante en la dirección correcta. Quiénes tienen que estar a tono con esta nueva tendencia son los senadores y representantes a la Cámara, que como los padres de la patria que deben ser, tienen que tomar una actitud positiva con respecto a los proyectos de ley como el de la reforma a la justicia.
