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En Argentina, el presidente Macri está bajo presión. Su popularidad cayó al 35,9% en agosto, en picada desde abril, cuando una crisis financiera empezó a sacudir su país. Sorprendentemente, la expresidenta Cristina Fernández, quien podría ser candidata presidencial el año próximo, también sufrió una caída en su popularidad que bajó al 40,9%, en medio de acusaciones por una supuesta red de multimillonarios sobornos durante su gestión.
La devaluación del peso argentino ha sido del 110% en los últimos ocho meses, mientras la inflación es la cuarta más grande del mundo con 31%, en un ranking liderado por Venezuela con 82.766%. En el último año, el PIB ha caído 6,7% mientras se están perdiendo grandes cantidades de puestos de trabajo y las tasas de interés han crecido más de 60%.
Gran parte de los problemas de Argentina se deben al enfoque asistencialista que el gobierno ha tomado desde hace décadas. El gasto público social muestra una evolución creciente, pasando de una participación de 13% del PIB en 2002 a una de 26,3% en 2016, mientras el gasto público total se ubica alrededor del 48% del PIB. Esta estadística difiere significativamente de la de Colombia, donde el gasto público equivale al 28% del PIB, a pesar de que los índices de pobreza son superiores en Argentina (28,6% vs 26,9%).
Para sacarlo de sus problemas, el FMI tuvo que prestarle a Argentina más de US$57.000 millones que los gauchos tendrán que repagar mediando un programa de ajuste no menor. El 3 de septiembre, Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, prometió eliminar el déficit fiscal primario (es decir, antes de los pagos de intereses) en 2019, ¡imponiendo impuestos a las exportaciones!, y reduciendo los subsidios para el transporte público y la electricidad.
En contraprestación, Argentina ha aceptado un nuevo régimen de tipo de cambio propuesta por el FMI. El Banco Central que quemó US$16.000 millones en reservas desde el comienzo del año, en un intento vano de defender el peso, solo intervendrá si el peso se sale de una banda de 34 a 44 por dólar, con un máximo diario de US$150 millones.
La situación argentina de hoy es típica de países en los cuales, sin tener la fortaleza patrimonial de los países desarrollados, se pretende que el Estado subsane las deficiencias de la población.
Además de la ineficacia en la aplicación de los recursos públicos, en parte por la falta de obligación de rendir cuentas de los empleados públicos y en parte por la omnipresente corrupción, el asistencialismo genera, en la población, la impresión de que para vivir bien no se necesita trabajar ni ser productivo. Esta cultura mata el emprendimiento y, en épocas de crisis, hace inflexible el gasto de la Nación desde una óptica política.
Para disminuir la desigualdad en Colombia se requiere, más que aplicar la equivocada tesis asistencialista de izquierda, que el Estado sirva para redistribuir los ingresos, labor en la que hoy en día somos absolutamente ineficaces.
A la larga, excederse en el gasto público para incrementar la calidad de vida de los colombianos entre aplausos a la clase política , en vez de trabajar responsablemente en redistribuir los ingresos por medio de políticas tributarias, conlleva a situaciones en la que el daño a las empresas, y la gente de a pie, se compara al desastre que está viviendo Argentina.
