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Esta semana, columnistas ilustres y de profesión han tomado partido con respecto al candidato de sus preferencias. De los muchos que se han manifestado, algunos lo hacen por postura ideológica, otros basados en la experiencia de los candidatos, otros justificándose en el voto útil y otros, por sentimientos viscerales que han ido acumulando por lustros.

El candidato ideal, sin embargo, debe cumplir con la labor supremamente compleja de reorientar el país de forma que los colombianos, y sobre todo aquellos menos favorecidos, eleven su nivel de vida consistentemente hasta lograr una vida digna.

Impulsar el nivel de vida de los colombianos es un lugar común entre los candidatos. Todos están de acuerdo en ello. Más que una cuestión ideológica, es una responsabilidad que requiere de un candidato con una postura realista y un plan de ejecución riguroso que funcione.

Es por esta razón que Gustavo Petro no es apropiado para llevar las riendas del país. Un ingreso per cápita de US$10.000 año no es suficiente para dedicarse exclusivamente a repartir riqueza, es necesario hacer que el país produzca más, y eso no se logra cambiando el petróleo por aguacates, dedicando a Ecopetrol a vender paneles solares o expropiando, perdón, comprando, las tierras productivas que generan empleo para distribuirlas entre los campesinos.

De seguir el plan sin rigor de Petro es muy probable que los perdedores sean los menos favorecidos y, con menos empleos y menos recursos para repartir, sus esperanzas de bienestar de corto plazo opacarán su futuro a largo.

Además de tener un plan con sentido común, el futuro presidente deberá ser capaz de combatir la corrupción para generar desarrollo. Dada la estructura del entramado actual de los delincuentes de cuello blanco y el entronque entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la corrupción es difícilmente desmontable en el mediano plazo, por lo que la mejor estrategia es disminuir el tamaño del Estado, de manera a que el botín potencial de los corruptos sea menor.

Las propuestas en ese sentido de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle implican un rol preponderante del Estado en el desarrollo del país y por lo tanto, un impulso al alimento de la corrupción, aun si ellos se comprometen sinceramente a combatirla. Hay que apostar a un Estado pequeño que, en vez de malgastar recursos en mermelada a lo largo y ancho de la tostada, se dedique a implementar políticas públicas que favorezcan no a la clase alta y media sino a la clase baja.

Este último punto, que el Estado funcione para los menos favorecidos, es el que me inclina hacia el candidato Iván Duque, que ha sido ajeno a la política que por años los ha ignorado. A pesar de que no hay garantía de que Duque trabaje en ese sentido, hay mayores posibilidades, dada su experiencia en organismos multilaterales, el fuerte timbrazo del fenómeno Petro y los rasgos de su personalidad, de que escoja ese camino.

Desafortunadamente, el candidato con más experiencia y el del programa más serio, Germán Vargas, ha sido parte de la clase política que nos trajo al lugar donde estamos hoy.

Pildorita. El debate sobre las regalías es similar al que aqueja el futuro político del país, ¿a quién beneficiamos con la riqueza de los recursos naturales? ¿A las comunidades menos favorecidas o a los involucrados en los carteles de la contratación? Lo demás es politiquería.

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