Los paganinis de la reforma

Las finanzas estatales en Colombia han sido golpeadas en los cuatro últimos años de manera significativa. Según el más reciente reporte del Banco de la República, de junio de 2012 a junio de 2016, la deuda total (interna más externa) del Gobierno Nacional creció 70%, de $213 billones a $360 billones. En el mismo período el Producto Interno Bruto tuvo un incremento significativamente menor de 29%, de $647 billones a $833 billones. 

A junio de 2014, el petróleo de referencia, el West Texas Intermediate, aun se encontraba a un precio alto de US$107 por barril. A pesar de que el impacto de la caída de los bienes básicos no se había sentido, el endeudamiento del Gobierno ya se había disparado en esta fecha en más de 48% desde junio de 2012 a $315 billones, lo cual demuestra que el déficit actual en las finanzas estatales no se debe exclusivamente a factores externos como la crisis de los precios de los bienes básicos.

Al evaluar las posibles causas del déficit presupuestal actual del Gobierno, uno de los factores que salta a la vista es el incremento en gastos del Presupuesto General de la Nación, que aumentó 38% de 2011 a 2014 de $148 billones a $203 billones, un incremento promedio anual de 12,5%, comparado con un crecimiento del Producto Interno Bruto (real) de 4,4% en el mismo plazo. El aumento en el gasto de funcionamiento del Estado fue aun superior, en el que Colombia pasó de tener un gasto público equivalente a 23% del Producto Interno Bruto a uno de 27%.

La reforma tributaria, que probablemente ya habrá presentado el Gobierno en la fecha de publicación de esta columna, tiene como eje central el incremento en los impuestos, sin una disminución responsable de los gastos. Se le está pidiendo al pueblo colombiano que pague una tasa superior de IVA sobre más productos y que las exenciones sobre productos que hoy en día no están gravados desaparezcan, entre muchas otras medidas. Quedemos claro en que en esto no hay almuerzo gratis, si el Gobierno gasta más para prestarle a los colombianos los servicios que reciben de él, como lo hizo en los años mencionados anteriormente, es a ellos a quién les toca pagar el incremento en impuestos correspondiente.

Sorprendentemente, dentro de las propuestas de revisión de los acuerdos de paz de la oposición después de la victoria del No en el plebiscito, poco se toca el tema de la eficiencia en el gasto público que se genera a raíz de las promesas incluidas en las conversaciones de La Habana. Quedemos claro de nuevo en que, en la vida real, el dinero no llueve del cielo y que, todos los gastos adicionales para cumplir los acuerdos como la justicia transicional, las agencias alimentarias en más de 1.000 municipios y los esquemas de seguridad para las Farc, entre otras, los pagarán sobre todo los colombianos menos beneficiados por medio de impuestos que como el IVA no son progresivos.

Es probable que esta sea una de las razones por la cual la división del país sigue siendo tan radical. Ni la clase política gobiernista ni la oposición han logrado amalgamar las ansias de paz de la población con el respeto que requieren a sus principios y su capacidad de compra y bienestar del día a día. La reforma tributaria de Cárdenas deja en evidencia lo que muchos ya intuían, que las acciones del Gobierno, incluyendo los acuerdos de paz, terminan teniendo un impacto en sus bolsillos y no en el de los funcionarios públicos responsables de ellas.