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La propuesta de una nueva constituyente

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Cuando una sociedad toma decisiones importantes con respecto a su rumbo el marco jurídico que la regula no necesariamente se ajusta a las nuevas realidades y dilemas que se le presentan. En estos casos los juristas hablan de la necesidad de crear marcos legales de transición para permitir que la ley se adapte al cambio de realidad que transita la sociedad.

Recientemente el fiscal general propuso citar una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de que el país se prepare para una eventual firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Paso seguido, las Farc, por medio de sus voceros de La Habana han apoyado de manera irrestricta la iniciativa que permitiría dar seguridad jurídica a un nuevo régimen de penas para sus integrantes y a las concesiones que negociarían en el marco del acuerdo.

Las Farc ven la nueva constituyente como una condición para la firma del acuerdo debido a que no lograr que una Asamblea Nacional Constituyente surja de este proceso de paz equivaldría a ser tratados con menor deferencia que el M19 a finales de los ochenta. En su momento la elección de los constituyentes de 1990 fue de competencia política e influida por un ambiente favorable a reformas democráticas y al proceso de paz. Las mayores votaciones las obtuvieron en la izquierda el M19, en la derecha el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez y en el centro el Partido Liberal. 

Así como desde la izquierda se ve con buenos ojos la idea de una constituyente, la derecha, representada por el Centro Democrático y algunas vertientes del Partido Conservador también apoyan la iniciativa. Para ellos la Asamblea Nacional Constituyente permitiría ajustar ciertas normas de la Constitución del 91 con las que no quedaron conformes, como las reglas de la reelección, la necesaria reforma estructural a la justicia que tanto se ha aplazado y el marco de un sistema de salud no sostenible económicamente en el largo plazo con el mecanismo de las tutelas.

La mayor resistencia a una nueva constituyente parece venir de los partidos de coalición del Gobierno que hoy en día controlan las ramas Ejecutiva y Legislativa. Para ellos una constituyente  implica un cambio en quién controla el rumbo del marco legal siendo dicha Asamblea y no el  Congreso el que determina el rumbo de la transición en que se embarcaría el país. En este escenario el gobierno no podría legislar a sus anchas gracias a sus mayorías en el congreso, construyendo un marco legal a retazos y al vaivén de las necesidades de la coalición, tal como se evidenció en el reciente Plan Nacional de Desarrollo.

El dilema para los partidos de gobierno no es menor. Por un lado las negociaciones del acuerdo de  paz se facilitan con la seguridad de una nueva constitución, y por otro, hay un gran riesgo de que se compliquen si no cuentan con las mayorías que les permitan seguirlas controlando. Con la popularidad del gobierno en sus mínimos históricos y el presupuesto para mermelada disminuido por la situación fiscal y con el riesgo de que siga bajando por las acciones irresponsables y criminales de unas Farc que dan la impresión de no tener control sobre la totalidad de sus rangos en medio de la negociación, existe un riesgo significativo de que las elecciones para una nueva constituyente no sean favorables a los partidos de gobierno.

Nota: ¿Con el déficit fiscal y el estrangulamiento del aparato productivo de la última reforma tributaria, conviene invertir $20 billones en el metro de Bogotá?

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