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A menudo se presentan situaciones en las cuales, debido a las diferencias de opinión entre los implicados, se le concede atribuciones de juez a un tercero independiente para que dirima la situación. Este tercero, en el caso de la situación de la economía colombiana, resulta ser la agencia de calificación de crédito de mayor credibilidad en el mundo, Standard & Poor’s. Con el fin de garantizar la idoneidad de la agencia, que tiene en Colombia una filial que califica entidades y emisiones locales, las calificaciones soberanas de los países las realiza un comité independiente desde Nueva York sin la injerencia de los funcionarios locales.
Standard & Poor’s, rebaja la calificación de Colombia basada en el fracaso de la reforma tributaria, que falló miserablemente en la adopción del monotributo, al incorporar únicamente 12 de los 500.000 futuros contribuyentes esperados y que tampoco logró incrementar los ingresos fiscales en más de 8%, manteniendo la deuda del gobierno en 35% del PIB. Más preocupante es que la agencia, en consideración al incremento del gasto oficial de estos últimos años y el bajo crecimiento proyectado de la economía, responsabilidades inequívocas del gobierno actual, estima que en 2020 la deuda oficial será de 38% del PIB.
El reporte menciona que la situación fiscal del país no se deterioró más debido al cobro por la reversión de los activos a las empresas de telecomunicaciones de principios de año. No se puede olvidar que la reversión fue fallada por un tribunal de arbitramento, después de que múltiples funcionarios de alto nivel intentaron influenciar a favor de los operadores la decisión de la corte constitucional que le dio génesis al tribunal. Además, en 2014, el ministro de telecomunicaciones de la época amplió la concesión a las empresas celulares sin subastar los derechos de la concesión con la participación de terceros y sin exigir la devolución de los activos.
Otra preocupación de Standard & Poor’s es el posible desborde de los costos de la paz. Nótese aquí que la agencia no menciona dividendos económicos de la paz, a pesar de que menciona una disminución en el riesgo de seguridad asociado al acuerdo del Teatro Colón. Se intuye que la rebelión del Congreso de la República en la aprobación de las circunscripciones especiales para la paz, más que limitar los sobrecostos de la paz, disminuyó la competencia que tienen los parlamentarios para hacerse elegir. Qué sorpresa.
El reporte da importancia a la Ley de infraestructura recién aprobada por el impulso que le podría dar a la economía, no solo por medio del gasto que genera, sino por la competitividad que las 4G impregnarían al resto de la economía. Muy importante para este apartado es, como lo menciona Juan Ricardo Ortega, que las garantías de la Nación que esta Ley le da financiadores no sean ejecutadas a costo de los colombianos, por actuaciones de funcionarios inescrupulosos.
Finalmente, Standard & Poor’s se refiere a las dificultades que tendrá nuestro próximo Presidente para equilibrar los ingresos fiscales con el inflexible gasto público, a riesgo de que la calificación de nuestros papeles soberanos caiga a bonos basura. Para evitar esta debacle, el país necesita un Presidente preparado y con un plan de trabajo claro y consistente para equilibrar las finanzas del Estado, que solo se ha visto, hasta ahora, en un candidato.
