Analistas

Juegos de la paz

En el ambiente de polarización que vive el país por la votación del plebiscito por medio del cual los colombianos decidiremos si ratificar las negociaciones de la Habana, la posición de la prensa se ha vuelto crítica para influenciar la opinión pública hacia el sí o el no. Si bien es fácil identificar la solidez del apoyo de cada medio al proceso de paz analizando que noticias publica y la óptica con la cual las publica, en nuestro país, desgraciadamente, se puede descifrar la postura del medio revisando las acciones que toman el poder ejecutivo y el legislativo en diferentes frentes de la economía.

Las primeras presiones a los medios surgieron con las reservas al acuerdo de paz manifestadas por Claudia Gurisatti y Vicky Dávila de RCN.  Después del novelón de la salida de Vicky Dávila por la publicación de un video sin editar sobre la comunidad castrense del anillo, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de decretar que los operadores de cable no pueden seguir retransmitiendo la señal de los canales Caracol TV y RCN TV sin previa autorización de los mismos, cayó como anillo al dedo para suavizar tensiones. Este enfrentamiento, enmarcado en la imparable pérdida de audiencia de los canales nacionales frente a los canales internacionales, curiosamente se inició antes del mundial de fútbol de Brasil del cual los canales tenían exclusividad de transmisión por televisión.

Otra medida reciente tomada por el Ejecutivo responde a la licitación del Canal Uno. Inicialmente, dos de los actuales programadores del canal, Programar y Jorge Barón Televisión, enviaron una petición al ministro de las TIC y a la Antv para suspender el proceso de licitación del Canal hasta el 2023 ya que, según ellos, no se ha cumplido la prórroga de 10 años a la que tienen derecho. 

La Antv  decidió seguir adelante con el proceso y, para sorpresa de los proponentes, anunció como requisito para participar tener una solidez financiera respaldada con un cupo de crédito importante que hoy en día solo cumple como proponente el dueño de El Tiempo, el periódico colombiano de mayor circulación, y de City TV, que es mucho más costoso de operar y tiene menos cobertura que el Canal Uno. 

El tercer punto de interés tiene que ver con el consumo de vino en Colombia que, a pesar de ser muy pequeño en comparación con Argentina o Chile, ha crecido más de 500% en los últimos seis años, compitiendo directamente con la cerveza y los licores producidos por los departamentos. En un proyecto de ley que se encuentra en cuarto debate en el Congreso, y que se mueve a pasos agigantados a pesar de la oposición de los senadores Duque, Navarro y Robledo, el bloque de la Unidad Nacional ha propuesto incrementar el precio al público del vino aproximadamente 20% por medio de una tarifa ad valorem aplicada sobre el precio de venta, mientras el precio de los licores se incrementa en solo 10%. El principal interesado en el mercado de la cerveza, que no será gravada en este proyecto, es también el dueño de El Espectador y Caracol TV. 

Si bien estos cambios de reglas de juego son potestad del Gobierno y del Congreso, en la ecuación queda en entredicho el consumidor final, que cada vez más ve comprometida la diversidad de información que recibe y su acceso a los dominios de Baco. Desgraciadamente, en un país en que este tipo de decisiones rara vez se paga en las urnas, los consumidores finales no tienen derecho a voz ni voto en estos juegos de la paz.