El drenaje pensional de las finanzas públicas

Muchos países productores de petróleo y carbón se vieron afectados a raíz de la caída vertiginosa de sus precios. Esta crisis afectó sectores de la economía que producen divisas pero que no son grandes generadores de empleo, a los cuales pertenecen las multinacionales mineras y las compañías estatales como Ecopetrol y por lo tanto golpearon las finanzas públicas.

La crisis de los “commodities” tuvo efecto en el bienestar de los colombianos por medio de la inflación que generó la devaluación del peso. Siendo importados muchos de los insumos y las materias primas utilizados de los productos consumidos por los colombianos, la devaluación, ocasionada por la pérdida de ingresos del Estado, y por lo tanto el incremento del riesgo país, disminuyó el poder adquisitivo del ciudadano de a pie.

La inflación a su vez generó un incremento de las tasas de interés, limitando significativamente el acceso de la población a bienes de capital financiados como vivienda o vehículos. Con el incremento de las tasas de interés las cuotas de los créditos hipotecarios se han incrementado casi 50% para nuevas adquisiciones, haciendo la vivienda cada vez menos accesible para la creciente clase media, a pesar de los subsidios del gobierno.

Para mitigar el impacto de la crisis de los commodities en los colombianos el gobierno tiene que atacar varios frentes. Inicialmente debe evitar que algunos grupos de interés afectados por las nuevas condiciones económicas, como los agricultores y los camioneros, destruyan valor para la sociedad. Sin embargo, su mayor responsabilidad consiste en cuadrar las finanzas del estado, con el fin de impedir que la devaluación genere alta inflación y tasas de interés que impactan negativamente a los colombianos.

Devolver la solvencia financiera del Estado colombiano no es una tarea fácil, sobretodo porque el gobierno Santos no ha demostrado interés por lograrlo. La deuda del sector público no financiero está ya en $447 billones, de los cuales $200 billones son deuda externa, cuando en 2010, al inicio del gobierno Santos, era de solo $234 billones. En los últimos dos años, la deuda del sector público no financiero ha crecido a tasas de 15% anual.

Para sanear las finanzas el Estado solo hay tres caminos: vender activos como se hizo con Isagen, que equivale a sacrificar ingresos futuros a cambio de caja hoy; incrementar los ingresos por medio de una reforma tributaria a costa del bolsillo del sector privado y de los colombianos; o, el camino más lógico de disminuir el gasto público. Esta última opción implica hacer eficiente al Estado, bajarle a la mermelada o destrozar algunos paradigmas como el pensional. De las tres últimas, la opción con menores consecuencias en el bienestar económico de la población y de más factible implementación es impulsar una reforma del sistema pensional, ¡cuyo valor presente neto de los subsidios del Estado a futuro equivale a 110% del producto interno bruto o $900 billones!

El sistema pensional colombiano no merece ser reformado únicamente por su impacto en las finanzas públicas. Colpensiones y el Estado le regalan hoy $950 millones en subsidios para la pensión a cada nuevo jubilado con sueldo de $18 millones, cifra que para aquellos con sueldo menor a $1,5 millones es de solo $90 millones y cero para los que no se jubilan. No hay derecho que en un país con desigualdades como el nuestro el Estado esté subsidiando a los más beneficiados.