Ay… Emcali

Mientras las empresas de comunicaciones a nivel mundial se consolidan para lograr economías de escala, las autoridades colombianas se encuentran en un momento crítico con respecto a las decisiones que se deben tomar para preservar el patrimonio público representado en las empresas de comunicaciones donde el Estado tiene participación.

En el caso de la ETB, el ímpetu con que la administración distrital inició el proceso de privatización se ha visto disminuido por las acciones legales que los sindicatos de la compañía emprendieron con el fin de impedir que siga adelante.

El juez 4 administrativo de Bogotá, antiguo funcionario de la administración Petro, sentenció en julio del año pasado que no existieron estudios técnicos que sustentaran su enajenación en la aprobación ante el Concejo, en una decisión claramente política que ha sido oportunamente apelada por la administración Peñalosa.

Es triste ver como los trabajadores de la ETB, amparados por unas convenciones colectivas demasiado favorables y a costa nuestra, impiden que se tomen las medidas que permiten preservar el patrimonio de la ciudad.

Esperemos que la administración de justicia le dé la razón a la administración distrital prontamente, ya que no permitir la enajenación de una compañía que pasó del 75% al 50% de participación en el mercado de voz en menos de cinco años, claramente genera un detrimento patrimonial para la ciudad.

El siguiente caso es el de Movistar Colombia, donde la Nación es socia de una multinacional con participación del 32,5%. El Gobierno, finalmente, contrató esta semana un consorcio de banca de inversión integrado por el Banco BNP Paribas, Bank of America y Bancolombia para proceder a la venta de sus acciones, siguiendo la recomendación de la Ocde de que el Estado sea regulador y no operador en el sector telecomunicaciones.

Recordemos que Coltel surgió de la antigua Telecom, que entró en cesación de pagos a raíz de prebendas excesivas a sus trabajadores, similares a las actuales en la ETB. Habrá que estar atentos a las condiciones económicas de cierre de esta delicada transacción en donde solo hay un comprador natural, Telefónica de España.

El que sorprende con su empresa de servicios públicos es el alcalde de Cali, Maurice Armitage, que, desconociendo las realidades del sector, pretende mantener bajo la sombrilla de Emcali una unidad de telecomunicaciones, a pesar de que, según el diario El País, pierde la bicoca de $100.000 millones al año.

De la mano del rector de la Universidad del Valle, prometió la semana pasada, en un acto público, contratar a término fijo los trabajadores temporales de la unidad e invertir en la operación, en un acto contrario a la lógica estratégica que puede llevar a Emcali a volver a ser intervenida.

El problema de esta actitud del alcalde es que, lejos de ser un acto de valentía, cede ante los trabajadores de la entidad para que sigan alimentándose del patrimonio de los caleños a punto de prebendas.

Desde la perspectiva financiera puede destruirse patrimonio público por acción o por omisión. En el caso de Emcali no queda sino esperar que en un acto de sensatez pare la hemorragia de la unidad de telecomunicaciones, con el fin de que, en el futuro, el burgomaestre tenga una alternativa distinta a la de romper en llanto ante una intervención que le quite el control de la empresa.