Zapatero a tus zapatos

El reporte publicado en El Tiempo sobre las intervenciones ante la Corte Constitucional de Dejusticia, las universidades Externado y de los Andes y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo relacionadas con el decreto de emergencia del covid-19 es corto pero sustancioso.

En resumidas cuentas, según la nota, Dejusticia pide que se exhorte al Congreso a sesionar de forma virtual para que se le pueda “hacer el control político [a los] decretos de Duque”; el Externado acepta la declaratoria de la emergencia pero considera que la caída en los precios del petróleo y el aumento de la tasa de cambio no son hechos sobrevinientes; los Andes -mi alma mater- se preocupa por la suerte, en medio de esta pandemia, de los trabajadores sexuales, “las personas en condición de calle”, los migrantes venezolanos y los discapacitados y el Colectivo sostiene que la gestión del Gobierno es “totalmente negativa, no llega a los sectores más empobrecidos, es ineficiente y estimula la corrupción” y se debería exhortar al Presidente y al Congreso para que legislen a favor de un ingreso mínimo vital por cinco meses para personas en condición de pobreza y desempleados.

OK. Empecemos por el principio. El control constitucional automático de los decretos de emergencia es una herramienta necesaria, los gobiernos -todos- tienen la tentación de aprovechar determinas coyunturas para legislar con el bolígrafo y le corresponde a la Corte quitarle las ganas a punta de inexequibilidades, sobre todo cuando existe en el horizonte la posibilidad de que algún “petit Hugo” llegue al poder.

La pandemia del covid es una justificación de libro de texto para declarar una emergencia y la misma constitución conmina al Congreso para que realice el control político, lo cual deberá hacer por vía virtual si fuere necesario: el debate bizantino sobre la inconveniencia de la virtualidad de las sesiones promovido por algunos sectores de izquierda es ridículo, por decir lo menos.

Interesante, sin embargo, que algunos de los intervinientes le pidan a la Corte que haga política pública. Esta malsana práctica ya se ha vuelto costumbre y, en ciertas circunstancias, los magistrados han caído en la trampa de convertirse en economistas, ingenieros, sociólogos, geógrafos, antropólogos, ambientalistas, médicos y gerentes amateur para dictar sentencias donde se establece el tamaño ideal de las celdas de una cárcel, los tratamientos más efectivos en contra del linfoma non Hodgkin, la tasa de equilibrio del dólar y las costumbres ancestrales de la tribu arhuaca.

Esta vez la Corte debería concentrase en su función de estricto control constitucional de los decretos presidenciales de emergencia y no invadir esferas que no le corresponden. Zapatero a tus zapatos. Inmiscuirse en decisiones técnicas, sean sanitarias, médicas o económicas es inconveniente y contraproducente. Dejemos que sean los expertos y los políticos -quienes tienen el mandato popular- los que decidan como debemos salir de esta situación.