Lawfare

Como diría Clausewitz si viviera por estos tiempos: el lawfare es la continuación de la política por otros medios. Se trata de la consabida politización de la justicia y la judicialización de la política.

Quienes lo invocan siempre alegan que se trata de buscar la verdad. En un estado de derecho, dicen, nadie puede estar por encima de la ley. Son los primeros en alardear de los resultados judiciales sin reconocer que su objetivo rara vez suele ser la justicia. Para ellos, los estrados judiciales no son el foro de la resolución de conflictos ciudadanos sino herramientas para sacar del paso a un incómodo rival político.

En los últimos días lo hemos visto de sobra. La controversial decisión judicial en contra del expresidente Uribe -plagada de errores fácticos y con noveles interpretaciones jurisprudenciales, como la admisión probatoria de interceptaciones irregulares- es el ejemplo más protuberante.

Tienen mucha razón los indignados con la pose prosopopéyica de personajes como Iván Cepeda o María José Pizarro. Figuran ahora como adalides de las instituciones y de la ley, cuando han edificado toda una carrera alrededor de la destrucción del sistema democrático liberal. Por eso patrocinan constituyentes espurias y consultas ilegales. Pero, además, en ambos casos se precian de su legado familiar, como si matar y secuestrar fueran motivo de orgullo. Porque eso fue lo que fueron sus progenitores: criminales impunes que causaron en buena medida el baño de sangre que vivió el país. Pizarro, un señor de la guerra cómplice, entre otras, de la masacre polpotiana de Tacueyó -ejecutada por su hermano- y Manuel Cepeda, uno de los principales arquitectos de la combinación de todas las formas de lucha.

El doble rasero es lo que choca. Los ex Farc congraciándose de la condena a Uribe mientras saborean la dispensa que les ha dado la pomposa JEP, un inútil elefante blanco que se ha gastado US$500 millones en 8 años de funcionamiento y no ha sido capaz de proferir una sola sentencia.

Curiosamente silentes han estado los petristas sobre la inmundicia que los rodea. Si en algo ha sido histórico este Gobierno ha sido en la extensión de su corrupción. El hijo del ejecutivo manipulando las aduanas desde su casa por cárcel para favorecer contrabandistas, el secretario general de la Presidencia fugado por sobornar congresistas, el hermano del Presidente negociando perdones a narcos, ministros de Estado indagados por robarse el dinero de los damnificados. Y la lista sigue y sigue.

Cuando la mermelada deje de rodar y la justicia haga lo que debe hacer, muchos de los que desde el Gobierno hoy celebran la condena a Uribe desfilarán por los juzgados. Ya veremos si el respeto por las instituciones judiciales se sostiene o, más bien, como suelen hacerlo, se hundirán en la victimización. Luego marcharán, quemarán buses, bloquearán vías y carreteras. Tirarán piedra y acusarán a sus jueces. La ley del embudo siempre parece aplicarles a estos autodenominados paladines de la justicia social: lo ancho para ellos y lo delgado para los demás.