La nueva industria extractiva

Hay decenas de videos caseros que muestran lo mismo: una muchedumbre se abalanza sobre un carro tanque volcado para sacarle su cargamento de combustible. En los videos se ve un policía solitario y el conductor que advierten sobre el peligro de acercarse al vehículo, pero la turba no escucha, la advertencia parece convertirse en una invitación a continuar con el saqueo. Lo empiezan a deshuesar y un hombre se mete en las entrañas e intenta arrancar la batería. Hay quienes advierten del peligro de la operación, el contacto de los cables puede generar una chispa mortal, pero nadie hace caso. El esfuerzo continúa y pasa lo advertido, un roce hace que el vehículo explote. Ya van 40 muertos, algunos después de agonizar durante varias semanas.

Ahora se anuncian demandas de las víctimas en contra de la Nación, una más del paquete de acciones -la mayoría frívolas e injustificadas- que suman, según los últimos cálculos, unos $428 billones, mas de 1,5 veces el presupuesto nacional de 2020.

Dejemos las cosas claras: lo de Tasajera fue una tragedia lamentable producto del abandono histórico de comunidades que viven en la miseria. En esta región del país la ubicuidad de la publicidad política y la presencia de los políticos en campaña es inversamente proporcional a la presencia estatal. Entre más afiches y paredes pintadas, menos servicios públicos.

Lo cual no quiere decir que los colombianos deban desembolsar decenas de miles de millones de pesos, extraídos de los presupuestos de salud y educación, para llenarle la panza a unos abogados avivatos. Porque en Colombia, en la mayoría de los casos, eso es el litigio contra el Estado: no una herramienta de reivindicación ciudadana sino una industria extractiva, operada por cofradías de tinterillos que se apoyan en normas diseñadas para que el Estado pierda los pleitos y en una jurisprudencia promulgada por juristas que luego la aprovechan, desde sus despachos particulares, para impulsar las causas de sus clientes.

En este momento el sifoneo de recursos públicos para el pago de fallos judiciales es cercano a los $2 billones anuales. Algo de consuelo habría si de estas sumas quedara algo para las víctimas, pero no es así. Los abogados que promueven estos pleitos se quedan con la tajada del león de las indemnizaciones, los afectados si acaso reciben migajas que luego se esfuman como si fueran un premio de lotería.

Ahora que algunos están en plan de marchitar las industrias extractivas la primera sobre la cual deberían proceder es la del litigio contra el Estado, tal vez la más perniciosa, contaminante y destructiva de todas.

Nota al pie: Muy alto racero ha puesto Carlos Negret en su impecable gestión como defensor del pueblo. Pocos cocteles en Bogotá, muchos kilómetros a pie, en mula y en chalupa por los rincones más olvidados del país. Sin falsos protagonismos y siempre con mesura y respeto cumplió con su deber hablando claro en defensa de los que están demasiado lejos para ser escuchados.