Durante la primera parte de 2020, según la ONU, han ocurrido 33 masacres, o asesinatos colectivos, según el Gobierno, en zonas del país asociadas con el cultivo y producción de narcóticos. Algunas de estas muertes múltiples simultáneas, defunciones coetáneas exógenas, fallecimientos involuntarios masivos, -o el eufemismo que se venga a la mente-, tienen el claro objetivo de sembrar terror entre la población local, como ha sido el caso de la muerte de nueve jóvenes en Samaniego, Nariño.

Para la derecha el recrudecimiento de la violencia demuestra que la “paz de Santos” no era tal. El raciocinio primitivo de los enemigos de los acuerdos de La Habana es que las Farc solo hicieron un amago de desmovilización y que todo fue una treta para mantener las armas y continuar narco traficando como si nada hubiera pasado. El aumento de los cultivos ilícitos es la prueba reina. Como también lo es, diría uno, la cartilla sobre diversidad de género, que es la prueba de que existió el rayo homosexualizador que disparaba Santos desde la Casa de Nariño, o el chip que Bill Gates quiere inocular en la población mundial para esclavizarla usando la vacuna contra el coronavirus.

La ironía del asunto es que el Gobierno tiene en sus manos el manual antimasacres y, sobre todo, el marco legal para implementarlo. Se trata del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. El problema es que sus detractores nunca se leyeron las 310 páginas del documento, que fija el derrotero para la pacificación del país: solo les sirvió para inventar crudas caricaturas sobre su contenido para ganar elecciones.

Una de las mayores preocupaciones en la negociación de La Habana era cómo evitar una repetición del ciclo de violencia. Para esto se proponía una solución integral que tomaba en cuenta las causas del conflicto, los planes de desarrollo con enfoque territorial y un manejo alternativo del problema de los cultivos ilícitos. Aunque hay que reconocer que la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación de este Gobierno ha hecho una extraordinaria labor en la implementación de los acuerdos, en los aspectos que van mas allá de la competencia de dicha oficina, la gestión se ha quedado corta.

Juan Manuel Santos entregó un país en paz con las Farc, desde hace 60 años el principal factor generador de violencia en el país. Eso es un hecho irrebatible. Los acuerdos de La Habana están diseñados para evitar que la violencia se perpetúe. La razón por la cual hay rebrotes no es porque los acuerdos fueran malos sino porque han sido ignorados, por lo menos en sus aspectos relacionados con las economías ilícitas.

Si el Gobierno quiere parar las masacres debe desempolvar el manual antiviolencia guardado en el sótano del palacio presidencial y ayudarle a la oficina del doctor Archila a implementar el acuerdo sin más peros, porqués y quizás.