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¿Dólar a $5.000?

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Luis Guillermo Vélez Cabrera

Cuando se conoció la decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión de las pruebas de fracking, la ministra de minas y energía advirtió que, de no tener la posibilidad en el futuro de utilizar esta técnica de extracción de hidrocarburos, pronto veríamos una depreciación de la moneda que llevaría al dólar a valer a $5.000.

Casi de inmediato los troles de las redes sociales que furiosamente habían hecho lobby para presionar la decisión judicial acusaron a la ministra de pánico económico, aquel amorfo delito que existe en la legislación colombiana que sirve para censurar las opiniones que disgustan a ciertos agentes del mercado.

Lo que no dicen los troles es que la Ministra fue durante varios años directora de crédito público y que conoce las finanzas públicas y los mercados internacionales como pocas personas. Su trabajo, en otras palabras, consistía en saber para donde iba el dólar. Y la Ministra, ahora en calidad de jefe de la política energética del país, esta diciendo qué, sino logramos mantener una producción cercana al millón de barriles de petróleo en los próximos años, lo cual no parece posible sin usar técnicas alternativas de explotación de hidrocarburos, no tendremos las divisas suficientes para adquirir las importaciones que necesitamos. Lo cual hace que, con menos de dólares disponibles, el precio del los mismos se aumente de manera sustancial. No es ciencia nuclear: es una simple aplicación de la ley de la oferta y la demanda.

Los troles defienden su posición regurgitando el argumento central de la decisión del Consejo de Estado, que sustentó la suspensión de los pilotos de fracking en la aplicación del llamado principio de precaución. Este, en el contexto del derecho público, consiste en cautelar un acto administrativo cuyo impacto no puede ser “conocido anticipadamente porque no se pueden conocer materialmente los efectos a mediano y largo plazo de una acción”. Los magistrados, que suelen sacar de la manga los principios del derecho cuando quieren hacer política, parecen no ruborizarse con la evidente contradicción: las pruebas de fracking -recomendadas por los más distinguidos expertos- son precisamente para poder conocer los afectos materiales de la acción. Dicho de otra forma, se prohíbe conocer el impacto del fracking porque no se sabe que cuál es el impacto del fracking.

Resulta irónico que se use el principio de precaución para evitar un daño hipotético, es decir un daño que no se sabe si puede ocurrir, y que esa decisión a su vez genere un daño probable, es decir un daño que si tiene alta posibilidad de ocurrir. Porque la ley de la oferta y la demanda no es abstracta, ni hipotética, ni incierta: es la ley más poderosa del planeta. ¿Cuál será entonces el principio del derecho que los magistrados del Consejo de Estado sacarán de la manga cuando el dólar llegue a los $5.000 y se dispare la inflación, la comida sea más cara, los medicamentos más escasos, el empleo más limitado y se aumente la pobreza?

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