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Con la llegada de diciembre inicia la última y definitiva etapa de negociación del salario mínimo para 2019. Esta será la primera negociación del gobierno del presidente Duque, en medio de un ambiente político difícil en gran parte por las discusiones alrededor de la Ley de Financiamiento. En este contexto, es fundamental que la negociación mantenga criterios técnicos, incorporando las principales consideraciones sobre el impacto del salario mínimo en el mercado laboral que, dada la coyuntura, repasamos en este artículo.
Si bien incrementar los ingresos de la población, y en especial los salarios, constituye un objetivo deseable, estos solo pueden aumentar en forma sostenible en términos reales cuando el aumento refleja un crecimiento similar en los niveles de productividad laboral. De lo contrario, se desincentiva la demanda por mano de obra, generando desempleo o informalidad. Los incrementos del salario mínimo en el país normalmente han reflejado los criterios requeridos de inflación y aumentos en productividad laboral (Ley 278 de 1996, artículo 8). En particular, acogiendo una sentencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-815/99), el aumento del salario mínimo debe ser superior a la inflación observada en el año inmediatamente anterior, de tal forma que al menos se garantice que el poder adquisitivo del salario mínimo no se deteriore de un año a otro.
Sin embargo, es muy importante tener presente que el ajuste del salario mínimo no necesariamente implica que todos los salarios en la economía se mueven en la misma dirección ni en la misma magnitud. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el salario mínimo en Colombia representa cerca de 86% del salario mediano y 57% del salario promedio de las personas ocupadas en el país (Gráfico 1). Estos resultados indican que muchos trabajadores reciben remuneraciones inferiores al mínimo legal establecido. Más aún, estas cifras se encuentran entre las más altas del mundo y son superiores a las de todos los países de la Ocde, que son los países más avanzados económicamente. Por supuesto, en términos absolutos, el salario mínimo legal en esos países es considerablemente más alto que el colombiano, pero allí ese salario mínimo legal es efectivamente un mínimo por encima del cual se ubican tanto la productividad laboral como la mayor parte de los salarios. Ello desafortunadamente no es lo que sucede en Colombia.
Ahora bien, el impacto del salario mínimo en el empleo formal ha sido muy debatido en la literatura económica. La evidencia sugiere que, si el salario mínimo es demasiado alto, termina por excluir del mercado laboral formal a aquellos que son menos productivos y poco calificados. Mondragón, Peña y Wills (2010) encuentran, por ejemplo, que el aumento en el tamaño del sector informal en Colombia está altamente correlacionado con las rigideces del mercado laboral como el salario mínimo y los costos no salariales.
Con la reforma tributaria de 2012, Ley 1607 de ese año, el país logró reducir costos laborales no salariales y desde entonces la tasa de informalidad laboral ha mantenido una tendencia decreciente. Por ejemplo, la evaluación de Fernández y Villar (2017) encuentra que esta dinámica de menor tasa de informalidad es debido justamente a las medidas adoptadas en la reforma de 2012. Estas ganancias en formalidad gracias a reducciones en costos no salariales no pueden perderse con decisiones en materia de costos salariales alejadas de los fundamentales.
La situación dentro de las regiones del país es aún más compleja. La Ocde (2013) encuentra que el salario mínimo es superior al ingreso mediano y promedio de las regiones más pobres y de menor productividad donde, además por esa misma razón, la informalidad es particularmente alta. En efecto, a partir de los datos del Dane, se evidencia una relación inversa entre la tasa de formalidad laboral (definida por la cotización a seguridad social) y el salario mínimo como porcentaje del ingreso por habitante de cada departamento (PIB per Cápita).
Esto es, en los departamentos en donde el salario mínimo es más alto frente al salario medio, se observan en promedio las más altas tasas de informalidad laboral. Las conclusiones de Arango y Flórez (2017) apuntan en la misma dirección. Los autores encuentran un efecto positivo y significativo del salario mínimo sobre la tasa de informalidad en las regiones, debido a una desconexión entre la productividad de la mano de obra menos calificada y el nivel del salario mínimo.
Por otra parte, en contra de su naturaleza institucional, existe evidencia que sugiere que un elevado salario mínimo contribuye a la desigualdad en Colombia. Los resultados de Arango y Pachón (2004) para las siete ciudades más grandes de Colombia, indican que el salario mínimo es regresivo, en la medida que mejora las condiciones de vida de las familias en la parte media y superior de la distribución del ingreso, con pérdidas netas para las familias de menores ingresos.
En el contexto de esta discusión, recientemente Planeación Nacional anunció sus cifras estimadas de crecimiento en la productividad total de los factores y la productividad laboral. Para el 2018, la entidad estima que la productividad total creció 0,52%, mientras que la productividad laboral lo hizo en 1,69%.
Con una inflación para este año que probablemente estará alrededor del 3,3%, estas cifras de productividad indican que el aumento del salario mínimo debería estar en el rango de aproximadamente 4% y 5%. Incrementos muy superiores a este rango pueden ser perjudiciales para la dinámica de un mercado laboral que, para fortuna del país, ha mostrado una importante resiliencia en los últimos años pese a la desaceleración económica, y ha producido ganancias importantes en términos de formalización laboral.
Resulta entonces fundamental que la mesa de concertación del salario mínimo organice la discusión alrededor de criterios técnicos y tenga en cuenta los impactos negativos en materia de formalización laboral que se pueden generar por incrementos alejados de dos variables fundamentales: inflación y productividad.
Es esencial que el país se concientice de la importancia del terreno ganado en los últimos años en materia de formalización, y que la discusión económica se enfoque en continuar aumentando la productividad laboral, con elementos verdaderamente estructurales como la calidad y pertinencia de la educación y la formación para el trabajo. Solo avanzando en estas dimensiones será posible asegurar aumentos sostenibles en los ingresos de los trabajadores en nuestro país.
