Verdad, poder e indicadores

En democracia, la información es un bien público. No solo porque los ciudadanos tienen derecho a saber, sino porque su libertad depende de ello. Una ciudadanía desinformada, confundida o manipulada no puede tomar decisiones libres ni ejercer su soberanía de manera plena. Por eso, los mandatarios tienen una responsabilidad especial frente a la verdad: informar con rigor, sin ocultamientos ni exageraciones. En tiempos donde la posverdad corroe la confianza pública, esta responsabilidad se vuelve aún más urgente.

El actual panorama político y comunicativo es preocupante. Las redes sociales son campo fértil para los remolinos de mentiras, verdades a medias, especulaciones y desinformación. En ese contexto, cuando el discurso presidencial recurre también a imprecisiones o tergiversaciones, la democracia entera se ve debilitada.

En su discurso ante el Congreso, el presidente presentó información sesgada. En primer lugar, atribuyó como logro propio la reducción de la inflación. Es cierto que el índice ha disminuido, aunque aún no llega al rango meta establecido por el Banco de la República, que es la entidad responsable de garantizar la estabilidad del poder adquisitivo. Lo paradójico es que el mismo presidente socava ese objetivo cuando presiona públicamente por una baja más acelerada en las tasas de interés, interfiriendo con la independencia técnica del Banco Central y poniendo en riesgo el mismo control inflacionario que dice celebrar. Y aún peor, su política descontrolada de gasto público, pasando por encima de la Regla Fiscal, sí que complica el control de la inflación.

Un segundo ejemplo tiene que ver con la reducción de la mortalidad infantil. Es sin duda un avance digno de reconocimiento. Sin embargo, el Presidente solo mostró los datos de su gobierno. Si hubiera presentado una serie histórica de los últimos 15 años, la ciudadanía habría podido ver que esta es una tendencia sostenida en el tiempo, fruto de políticas de salud pública y programas sociales que trascienden los periodos presidenciales. Presentar el dato como un logro exclusivo de su mandato distorsiona la realidad y desinforma.

En tercer lugar, la mención a la deuda del sistema de salud: el Presidente insiste en que asciende a más de $100 billones, mientras que la Contraloría certifica una cifra más cercana a los $32 billones. Para llegar a los $100 billones, el Gobierno actualiza todas las deudas antiguas a valor presente, sumando lo que se habría perdido por inflación. Esa metodología infla la cifra y genera una sensación de catástrofe inminente, lo cual favorece su narrativa política, pero aleja a la ciudadanía de un diagnóstico realista.

La democracia necesita verdad. Y esa verdad requiere ser cultivada desde múltiples frentes. Las universidades, los centros de pensamiento, los gremios, los medios y los académicos tienen hoy el desafío de ofrecerle al país una voz clara y razonada, que desenrede las cifras y contextualice los discursos. No se trata de polemizar por deporte ni de alimentar trincheras ideológicas, sino de contribuir a una ciudadanía más informada, y por tanto, más libre.