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Actualmente Colombia vive los efectos emergentes del Sistema de Educación Superior que se ha ido configurando en el tiempo, no solo en el país sino en el mundo. Un sistema que exige, cobertura y calidad en niveles que ponen en calzas prietas a cualquier gobierno y a muchos de los padres de familia. En el escenario actual, se compite por los recursos fiscales y su asignación, por ello, una de las decisiones que como país deberíamos tomar es la reducción de recursos a seguridad para darle más espacio a la educación: menos guerra y más educación.
La dificultad para cubrir los costos de todo lo que se necesita, amenaza con incrementar la carga tributaria a la población con la consecuente protesta social. En el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y del Conpes 3918, sobre la implementación en el país de los ODS, tenemos como meta pasar de 52% a 80% a 2030 en cobertura de la educación superior. ¿Cómo lo vamos a hacer?
En Chile, igual que en Colombia, se ha discutido sobre la educación gratuita para toda la población y según señalan Brunner y Labraña, en reciente artículo, esta se lograría para ellos en 2020, luego se postergó la fecha condicionando este resultado al crecimiento estructural de la economía y del ingreso tributario del Estado. Lo que les dijo la experiencia, siendo este país uno de los que más invierte como porcentaje del PIB en la educación en la región, es que finalmente esto sería imposible pues para lograrlo habrían necesitado un gasto sobre ingreso tributario de 8,5%, casi tres veces superior al del actual promedio de los países del Ocde, algo impensable para este país suramericano.
Los chilenos entendieron que prescindir totalmente del dinero privado revirtiendo la privatización de la educación superior representaba un esfuerzo más allá de sus posibilidades. Lo que advierten Brunner y Labraña es que las formas de financiamiento de la educación superior vienen evolucionando en el mundo de aportes fiscales directos, hacia esquemas mixtos de financiamiento. Se trata de sistemas de costos compartidos, recursos privados, pago de los estudiantes o sus familias, como créditos normales o créditos contingentes al ingreso con plazos favorables y pago vinculado a ingresos.
Las Universidades privadas, por su parte, en estos esquemas contribuyen en la cobertura y la calidad, poniendo de su parte, cofinanciando la educación con el Gobierno y con el estudiante, y lo que es más importante dando pluralidad a la oferta y ofreciendo una gestión privada, pero sin ánimo de lucro. Se ha aumentado la participación de recursos privados para la educación superior, a través de la expansión de la provisión privada y de costos compartidos donde se diversifican los servicios educativos mediante casas editoras de libros, revistas académicas, comercio internacional de educación superior, empresas investigativas, unidades de transferencia y parques tecnológicos, educación continuada, bases de datos con carácter comercial, que ayudan a que la Universidad pueda pagar parte de los costos de la formación.
Ha hecho carrera la idea de que un estudiante en la universidad privada es muchísimo más costoso que el estudiante en la universidad pública, lo cual no es cierto, al contrario, hay evidencias de que puede ser al revés. Todo depende de qué tipo de universidad, por lo que es necesario hacer estudios formales al respecto. Además, hay otro imaginario colectivo sobre la poca eficiencia del gasto en la Universidad Pública que es imperioso evaluar con mucho rigor para evitar falsos análisis.
La gratuidad está, como dice Brunner, lejos de ser universal por sus costos y, esta no ha significado una expansión real de oportunidades para los grupos vulnerables que antes contaban con becas y créditos basados en sus méritos.
El futuro que se avizora es solidario, es conjunto. Universidades públicas y privadas, gobierno y familias nos necesitamos unos a otros para lograrlo.
