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La ciencia moderna tiene como mecanismo institucional la publicación científica. En 1665 Henry Oldenburg creó la revista Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres, con un sistema que consiste en que quien quiera publicar su investigación debe obtener el concepto favorable de pares evaluadores. Esto da fiabilidad al nuevo conocimiento y permite asegurar que lo que se publica merece el nombre de ciencia.
Sobre este sistema emergió un modelo de negocio, donde empresas editoriales lideradas por Elsevier desde 1880, Springer desde 1842, Taylor & Francis desde 1852 y Wiley desde 1865 crean revistas científicas y cobran por su suscripción. Una biblioteca o una persona paga la suscripción porque el contenido es bueno, valioso, de calidad. De allí la noción de calidad de la ciencia, aunada a la citación como medida del uso efectivo de una publicación.
Con el tiempo, emergieron nuevas editoriales como Sage en 1965, enfocada en ciencias sociales, o Pergamon Press, orientada al campo de science, technology and medicine (STM). Desde 1960, Pergamon se enfocó, con la tutela de Robert Maxwell, en fundar muchas revistas, siempre con el “international journal of”, para cada subespecialidad de la ciencia, con el propósito de incrementar los precios de las suscripciones. Iniciaron con 59 revistas y cuando fue adquirida por Elsevier en 1992 tenía 418 títulos. Este modelo de negocio se alimenta del trabajo gratis que hacemos investigadores, editores y revisores que no cobramos, ya que son posiciones reputacionales, y se apalanca en los escasos recursos destinados a financiar la investigación y pagar suscripciones. Se estima que solo Elsevier -la editorial más grande- obtuvo ganancias por US$3,5 billones en 2024.
Como reacción al sistema de suscripción y con el respaldo de la Unesco, emergió en la década de 1990 un nuevo modelo de negocio aprovechando la Internet para que ahora el investigador pague un Article Processing Charge (APC) para que le publiquen su documento. Este modelo, conocido como ciencia abierta, asume que el conocimiento es un bien público y debe ser de libre acceso. Sin embargo, la fuerza de trabajo es idéntica al modelo anterior: investigadores, revisores y editores trabajando gratis por su cuota reputacional.
No tardaron en aparecer miles de nuevas editoriales como Mdpi en 1996, Plos en 2000 o Frontiers en 2007. Empezaron a proliferar invitaciones de forma indiscriminada para reclutar fuerza de trabajo y ofrecer tiempos rápidos de publicación con una sobreoferta de ediciones especiales. En 2010, Jeffrey Beall acuñó el término revista depredadora para referirse a unos 20 títulos que identificó con esas prácticas, que pronto pasaron a ser unas 700 y actualmente se estiman en 17.000.
Pruebas como la de Matan Shelomi en 2020, a quien la revista American Journal of Biomedical Science & Research le publicó un artículo en cuatro días que decía que la propagación del covid-19 se debió al consumo de un Pokémon en forma de murciélago, son la punta del iceberg. The Economist en 2023 expuso en un artículo titulado “There is a worrying amount of fraud in medical research” que existe un enorme riesgo con las publicaciones sin control, mencionando casos como el de un artículo que propuso el uso de betacarotenos en cirugías cardiacas y cuya popularización produjo más de 10.000 muertes.
Mdpi pasó de una a 462 revistas que lanzan ocho ediciones especiales diarias y genera cerca de US$680 millones, mientras que su revista estrella en salud fue deslistada en 2023 del Web of Science, la base de datos referente por indizar revistas por calidad ¿Qué hace MinCiencias frente a la encrucijada de la publicación científica?
