El Congreso necesita más herramientas

Es innegable que el país tiene retos fiscales. Un informe de Fedesarrollo acaba de señalar que si no tenemos reformas en el corto plazo, no es factible lograr el déficit fiscal estimado por el Ministerio de Hacienda para 2022 y nos acercaríamos a 3,6% del PIB. Tres veces más alto que 1,1% proyectado inicialmente.

El nuevo Gobierno debe hacer reformas fiscales, por ingresos o gasto. Eso dependerá de quién es el nuevo presidente y cómo llega a eso. Sin embargo, el presidente y el Congreso sin ayuda no pueden tomar las medidas necesarias. Esto sin importar quiénes sean, simplemente el legislativo y ejecutivo tienen incentivos encontrados e información insuficiente para soportar sus planes económicos.

No obstante, las democracias más desarrolladas han encontrado formas de resolver esos problemas: instituciones que apoyen el trabajo de los poderes ejecutivo y legislativo, especialmente aquellas que robustecen los debates de política económica.

En Colombia hay un ejemplo exitoso: el Banco de la República. Esta entidad se encarga de controlar la inflación y gracias a su trabajo técnico no tenemos problemas de incremento de precios. Aunque puede haber discusiones coyunturales sobre el Banco, los congresistas y presidentes no han tenido que salir a responderle a los colombianos por incrementos injustificados del nivel de precios en la historia reciente del país.

Dados nuestros retos fiscales Colombia necesita instituciones asociadas a estos temas y que apoyen a los poderes ejecutivo y legislativo. El primero se ha beneficiado de reformas anteriores, por ejemplo: el Confis, el Comité de la Regla Fiscal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la Ley de Responsabilidad fiscal y el mismo Banco Central independiente.

Con el legislativo no ha pasado lo mismo. Al contrario, las reformas del proceso presupuestal durante el siglo XX le dieron más poder al ejecutivo. Esto es reconocido por diferentes trabajos académicos del tema, incluso algunos escritos por los dos últimos ministros de Hacienda de Colombia cuando aún no lo habían sido, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry.

Es común el chiste que los funcionarios del ejecutivo le hacen las ponencias de los debates económicos a los congresistas, con los datos del mismo ejecutivo y plagado de sus intereses. Algunas veces es trabajo mancomunado de los dos poderes para mejorar la vida económica de los colombianos, otras veces pasa simplemente porque el Congreso no tiene cómo hacerlo sin ayuda del ejecutivo.

Una vez más, las democracias más avanzadas ya tienen ese problema identificado hace décadas y tienen instituciones para resolverlo. Puntualmente, idearon instituciones de apoyo técnico en temas económicos y fiscales para el Congreso en cada uno de sus países. La más reconocida es la de Estados Unidos, llamada Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés).

Estas oficinas permiten discusiones económicas informadas entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, principalmente oficiando como brazo técnico que apoya al primero. Por supuesto, eliminan asimetrías de información entre ambos poderes. Adicionalmente, prestan servicios al Congreso sobre implicaciones presupuestales de los proyectos de ley. Esto empodera a los congresistas con información para que cumplan su tarea de legislar y hacer control político.

Desde 1990 hemos tenido en promedio una reforma tributaria cada dos años, y todavía no resolvemos nuestros problemas fiscales. Necesitamos instituciones que promuevan esos debates y alimenten nuestra democracia para tomar mejores decisiones.

Actualmente, está cursando trámite en la comisión primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley para crear un Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal para el Congreso (Oatp). Ojalá los congresistas se den cuenta que están fortaleciendo las instituciones, mejorando la democracia y por ende, la calidad de vida de los colombianos al apoyar un proyecto como ese.